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Alegaciones por la normativa de retribuciones de las renovables

La Junta de Andalucía aboga por un régimen retributivo transitorio que mantenga la viabilidad de las instalaciones renovables ya operativas.

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El Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha informado en el Parlamento andaluz de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía ante el Gobierno central por la normativa que regula las retribuciones de las renovables, entre ellas, la necesidad de mantener hasta 2020 un régimen retributivo transitorio que garantice la viabilidad, el mantenimiento de inversiones y empleo en las instalaciones de producción energética de fuentes renovables ya operativas en la comunidad.

Sánchez Maldonado ha indicado que esta transitoriedad implicaría la no retroactividad de los parámetros retributivos finalmente marcados por el Gobierno central, y una especial sensibilidad hacia las tecnologías e instalaciones cuyas nuevas retribuciones se alejen de las recibidas en la normativa anterior.

La Consejería de Economía ha realizado esta solicitud en el documento de alegaciones a la propuesta de la 'Orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos', remitida el pasado 3 de febrero desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y que desarrolla el Real Decreto pendiente de publicación que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos.

El consejero ha señalado que la aprobación de esta norma pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos europeos suscritos por el Gobierno de España y generará una inseguridad jurídica que afectaría a los inversores ya presentes en territorio andaluz, al reducirse el régimen retributivo drásticamente. Frente a ello, ha apuntado como necesario "extremar la prudencia" para evitar efectos como cierre de plantas y un desprestigio para la imagen exterior de España y Andalucía como destino inversor.

Para la Junta de Andalucía, el hipotético cierre de plantas derivado de una caída en su rentabilidad también implicaría una reducción en la cantidad de energía producida mediante fuentes renovables, con un efecto doble: el encarecimiento de la energía, con incidencia en las economías domésticas e industriales, y la disminución de la independencia energética, en la que se han dado pasos muy importantes durante la última década.

Junto a ello, el titular de Economía ha expresado su preocupación por la incidencia en la economía de las empresas, que ya están abonando tasas energéticas muy elevadas, pues en ellas se encuentran la mayoría de las instalaciones de cogeneración del territorio andaluz, y que experimentarían una disminución en sus retribuciones. Lo mismo sucede con las plantas de biomasa, para las que ha reclamado una consideración adicional por el valor estratégico de eliminación de residuos tan importantes como los procedentes del olivar y sus efectos en la fijación de población rural.

El precio de la electricidad

Respecto a los precios de la electricidad y las últimas decisiones tomadas al respecto por el Gobierno de España, Sánchez Maldonado ha reclamado al Ejecutivo central un precio de la energía competitivo y razonable para los ciudadanos y las empresas. El consejero ha recordado que, a pesar de ser la energía un bien básico y uno de los principales factores de competitividad, la evolución de los precios energéticos ha conducido a que España tenga una de las electricidades más caras de Europa (según Eurostat en los últimos cinco años el precio del kilovatio/hora se ha incrementado un 63%, mientras en la Zona Euro subió un 29%), lo que sitúa al país como sexto de la UE con las tarifas domésticas más caras (un 11,2% superior a la media).

Pacto de Estado

Ante este panorama, el consejero de Economía ha reclamado un gran Pacto de Estado, un marco de diálogo constructivo con el sector y las comunidades autónomas para vertebrar una política energética orientada a la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, con capacidad para aportar independencia energética, tejido industrial y empresarial, innovación tecnológica y empleo de calidad.

Del mismo modo, ha pedido al Ejecutivo central que reconozca la inseguridad jurídica generada por la reforma, reconsidere las medidas que deben abordar las causas del déficit, más allá de una visión cortoplacista, y establezca un modelo energético nacional menos dependiente del exterior, con precios competitivos y razonables para empresas y ciudadanos y sostenible económica y ambientalmente.

En esta línea, ha señalado las aportaciones que el Gobierno andaluz ha realizado a través de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones, centradas en una estrategia clara y transparente para los consumidores y hacia las que apunta también la Estrategia Energética en Andalucía 2014/20, que elabora actualmente la Consejería de Economía y que definirá la hoja de ruta del sector energético andaluz en los próximos años.

Entre dichas aportaciones destacan medidas como la revisión de la actual política energética para impulsar el sector de las renovables, priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares, mantener y ampliar el ámbito de actuación del bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica (gas natural y butano), articular medidas que mejoren la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética, garantizar una mejor atención de las empresas energéticas a los consumidores y el acceso a la información de los telecontadores inteligentes.

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