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ANAE teme subidas "arbitrarias" de los peajes eléctricos en el recibo de luz.

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El pasado viernes 13 de julio se celebró un Consejo de Ministros en el cual se aprobaron una serie de medidas para reducir el déficit público y dinamizar la economía. Entre estas medidas hay algunas referentes al déficit de tarifa eléctrica, medidas que se complementarán con la nueva ley que saldrá este mes de julio en la cual se reformará el modelo energético actual (y ya va con retraso porque estaba prevista para finales de Junio).

En numerosas ocasiones, el ministro de industria, energía y turismo, José Manuel Soria, ha manifestado que la resolución del déficit de tarifa no sólo recaería sobre los consumidores sino que todos los agentes implicados tendrían que hacer un esfuerzo y asumir parte de dicho déficit.

Las medidas aprobadas en dicho consejo, refrendadas en el Real Decreto-ley 20/2012 y publicadas en el BOE el sábado 14, no parecen muy encaminadas a secundar la anterior afirmación del ministro Soria. Algunos ejemplos son:

  • En el Artículo 38, se deja la puerta abierta para que a los consumidores de cada comunidad se les pueda añadir en la factura conceptos de “suplementos territoriales” para el caso de actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas. Esto es, habrá diferencias de precios por recargos diferentes entre ciudadanos de una comunidad autónoma de otra. Esto puede ser claramente injusto en aquellas comunidades exportadoras de energía.
  • En el Artículo 40, se incrementa el déficit de tarifa reconocido del 2006 y el interés con el que se pagará, pasando de 2.258.543.500,63 euros a 2.279.940.066,63 euros e incrementando el tipo de interés en 65 puntos básicos. Esto supondrá para el consumidor, pagar unos 150M€ más a lo largo de todo el periodo de amortización, que finalizará en el 2022.
  • La disposición derogatoria única, Derogación normativa, punto 1, aptdo a), cita que se pretenden aplicar criterios de progresividad a los peajes de acceso para dar una señal de precio energético a los consumidores, con el fin de que se traduzca en una mejora en el ahorro energético y en la eficiencia en el consumo. Para ello se deroga el calendario trimestral de fijación de precios en los peajes de acceso, no definiendo ningún otro plazo ni proceder. Esta derogación, redactada de esta manera parece positiva (habrá que ver como se desarrolla en la nueva ley de modelo energético), pero por la experiencia de ANAE, nos tememos que la aplicación práctica no será tan favorable para el consumidor, dejando la puerta abierta a subidas arbitrarias de los peajes en cualquier momento (en los últimos años no ha habido bajadas de precios aunque si las haya habido en los precios de la energía).

¡No vemos el esfuerzo repartido entre ningún otro agente implicado en el déficit que no sea el propio consumidor!

El déficit ha alcanzado unas proporciones de tal magnitud comparables al rescate a la banca. En este caso, ha habido dos auditorías independientes comprobando cifras: ¿por qué no puede hacerse lo mismo con el déficit de tarifa eléctrica, donde se analice en detalle, tanto las cifras como los conceptos que engloba? Si esta deuda la hemos adquirido los consumidores, deberíamos estar informados con la máxima claridad y objetividad posible, para que no nos sintamos “estafados” con el recibo de la electricidad todos los meses.

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