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Andalucía supera los 170.000 inmuebles certificados energéticamente

Málaga y Sevilla copan el 50% y el resto se distribuye en otras provincias, desde el 12% de Granada y Almería hasta el 3,9% de Huelva.

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Andalucía ha superado ya la barrera de los 170.000 certificados energéticos registrados a través de la aplicación 'online' que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para facilitar y agilizar la realización de este trámite.

Concretamente, el volumen total de registros tramitados desde su puesta en marcha asciende a 170.718, de los que Málaga y Sevilla copan el 50%, y el resto de distribuyen por las demás provincias en porcentajes que abarcan desde el 12% de Granada y Almería hasta el 3,9% de Huelva.

Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, algo más del 46% de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a casi tres de cada diez le ha correspondido una G. F y D corresponden, respectivamente, a un 14,1% y a un 8,2% del total. Por el contrario, las tres categorías superiores (A, B y C) no representan en conjunto más que el 3,67% del total.

En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público.

Antes de su entrada en vigor, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, concretamente el 169/2011, de 31 de mayo, estableciendo la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.

Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hizo extensiva por parte del Gobierno central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas. Para facilitar el desarrollo de este trámite, la Consejería de Economía puso en marcha una herramienta para que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la delegación territorial para llevarlo a efecto.

 

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