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El sector renovable se siente estafado por Industria.

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Las principales asociaciones nacionales de las energías renovables (ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF) se oponen frontalmente al Real Decreto-ley 2/2013 y harán oír su voz ante todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables en España.

Este RD-L es una muestra de la grave discriminación con la que actúa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en contra de las energías renovables, que ven reducida su retribución en casi 500 millones de euros mientras el resto del sistema eléctrico experimenta un incremento de ingresos superior a los 1.000 millones, según manifiestan estas asociaciones.

El RD-L supone un nuevo ataque a las energías renovables, puesto que destruye todos los parámetros que permitían prever la retribución de las instalaciones. La actualización de las tarifas mediante un indicador arbitrario, en el que no se reflejan los propios costes de la energía, y la abolición de la modalidad de mercado más prima, constituyen los últimos pasos en una política energética de ataque al sector renovable.

El RD-L 2/2013 constituye una buena muestra de la política energética del Gobierno. La norma, como viene siendo habitual, no ha sido consensuada ni comunicada al sector. El ministro Soria introduce modificaciones retroactivas a la regulación del sector renovable sin ningún tipo de respeto por las condiciones fijadas en el Boletín Oficial del Estado.

Modificación arbitraria de la retribución

El sector de las energías renovables está sufriendo una campaña de acoso y derribo mediante modificaciones legislativas: limitación horaria a las plantas existentes (RD 1614/2010 y RD-L 14/2010), moratoria (RD-L 1/2012) o establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012), constituyen una buena muestra. Todas estas medidas a las que se suma ahora el RD-L 2/2013 han ido modificando las condiciones iniciales de inversión en estas tecnologías.

El Real Decreto-ley 2/2013 saca, en la práctica, a las energías renovables del mercado y las obliga a recibir la tarifa regulada. Una tarifa regulada que ya no se actualizará según el IPC, sino según un indicador elaborado casi ex profeso y, vistos los antecedentes, nadie garantiza que la retribución no vaya a ser modificada a discreción del regulador en el futuro para despejar la siguiente urgencia que aparezca en la mesa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). Hoy los inversores en energías renovables carecen de parámetros que les permitan predecir cuál será su retribución.

En esta rueda de prensa participaron:

  • José Miguel Villarig, presidente de APPA
  • Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de ANPIER
  • José Donoso, director general de UNEF
  • Luis Crespo, secretario general de PROTERMOSOLAR
  • Santiago Gómez, presidente de APPA Eólica
  • Manuel García, presidente de APPA Biomasa

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