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España, en el vagón de cola de Europa en la aplicación de medidas de eficiencia energética en el sector de la edificación.

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La práctica inexistencia de datos reales y contrastados sobre el panorama de la rehabilitación energética europea e incluso de las diferentes tipologías constructivas de los distintos países de la Unión Europea ha sido una de las principales barreras de los 27 para establecer políticas comunes que fomenten la eficiencia energética de nuestros edificios.

Para solventar esta carencia, el Buildings Performance Institute Europe (BPIE) ha elaborado un informe exhaustivo que, bajo el título “Los edificios europeos bajo el microscopio”, hace una revisión país por país de la eficiencia energética de sus edificios. El estudio repasa el panorama edificatorio de los 27 Estados miembros, así como los de Suiza y Noruega en un trabajo que tiene un gran valor ya que permite comparar la situación de cada uno de los países con los de su entorno y con la media europea.

Porque además, solo un conocimiento sólido sobre el parque inmobiliario actual permitirá a los gobiernos la implementación de políticas efectivas y programas de incentivos para reducir la huella de los edificios en el cambio climático. No hay que olvidar que los edificios son responsables del 36% de la energía total que consumimos.

El BPIE estima que la superficie edificada útil de los 27 países miembros, más Suiza y Noruega es de 25.000 millones de metros cuadrados, una extensión equivalente a la superficie total de Bélgica. Más del 40% de estos edificios fueron construidos antes de 1960 cuando la normativa sobre energía era muy básica y limitada.

España tiene su propia idiosincrasia edificatoria, tal y como demuestra la comparación de los datos de los edificios españoles con los de otros países de nuestro entorno (zona sur) y otras regiones de Europa. España es el quinto país de la Unión Europea más poblado y junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia aglutina el 65% del suelo edificado de Europa.

De los 2.600 millones de metros cuadrados edificados en nuestro país, 2.300 son viviendas mientras que los 300 millones restantes están destinados a oficinas, comercios, centros educativos, hospitales, áreas deportivas… etc. El estudio muestra que España es el tercer país europeo que menos proporción de viviendas unifamiliares tiene, tan solo un 34%, solo por detrás de Estonia y Letonia.

En el mapa de situación dibujado por el informe del BPIE se refleja que España es uno de los estados miembros de la UE, junto a Irlanda, Polonia y Finlandia en el que más edificios se han construido en los últimos años. Del total de su parque de viviendas actual, un 27% se ha edificado entre 1990 y 2010, frente al 16,6% construido en Europa durante este mismo periodo.

Cuenta, por el contrario con un 6% menos que la media de edificios antiguos o históricos, construidos antes de 1960, mientras que el grueso de su parque fue levantado entre 1960 y 1990, un 41% frente al 45,3% de la media europea.

¿Y quiénes son dueños de estas viviendas? El estudio “Los edificios europeos bajo el microscopio” otorga una gran importancia a este dato ya que la propiedad de los edificios tiene una gran influencia sobre la velocidad a la que se llevan a cabo las renovaciones energéticas o la profundidad de las medidas de ahorro de energía que se implementan en ellos. El sector público debe tomar el liderazgo y actuar de forma ejemplarizante sobre sus edificios de viviendas. Con mayor acceso a la financiación, la rehabilitación de la amplia cartera de edificios en manos de entidades públicas, es una gran oportunidad para la mejora del conjunto del sector. Por su parte, los propietarios privados suelen ser más reacios a emprender rehabilitaciones energéticas en sus hogares y necesitan de estímulos o incentivos para decidirse a abordarlas.

Y es en este punto, donde España, se encuentra con su particular talón de Aquiles. El 100% de las viviendas en nuestro país están en manos de particulares o entidades privadas. En el otro extremo del ranking, Austria cuenta con un 22% de sus viviendas en manos de las administraciones.

España es tradicionalmente un país que se ha decantado por la inversión en ladrillo y la vivienda en propiedad (83%) frente a un 17% de la población que vive en régimen de alquiler.

Este ratio es de los más altos de Europa sólo por debajo de países como Rumanía o Hungría y muy lejos del 60% de viviendas en alquiler que tiene, por ejemplo, la República Checa.

Nuestro país no sale mal parado de la comparativa de emisiones de CO2 emitidas por los distintos estados miembros de la UE: 30 kilos por m2 frente a los 54Kg/m2 que presenta la media europea y el quinto mejor puesto de los 29 países analizados, sólo por detrás de Noruega, Suecia, República Checa y Francia. El documento del BPIE justifica esta buena posición en la disminución de nuestra dependencia de combustibles sólidos en las dos últimas décadas y en las menores necesidades de energía para calefacción dada nuestra climatología más benévola. Y es que hay una relación directa entre la energía utilizada para calentar nuestros hogares y las emisiones de CO2 emitidas (en el caso español un 27% de biomasa, 18% de electricidad, 32% de petróleo y un 23% de gas) pero sobre todo el informe insiste en la necesidad de un buen aislamiento, “un edificio mal aislado, tanto en la envolvente como en la unión de ésta con los elementos que forman parte de ella conduce a un derroche considerable de energía”, concluye.

Obstáculos y desafíos

A nadie se le escapa que el despegue del sector de la eficiencia energética en la edificación choca con barreras fundamentales que son comunes a todos los estados de la UE. La dificultad en el acceso a la financiación y la contracción del crédito; la lentitud de muchos Gobiernos a la hora de implementar las directivas propuestas por la UE; la falta de concienciación y sensibilización de los europeos sobre la importancia de acometer rehabilitaciones energéticas en sus hogares son los tres mayores obstáculos citados por los 29 países encuestados. Los desafíos, por su parte, son innumerables: la creación de una cadena de suministro fiable que pueda responder a un previsible aumento de la demanda del mercado, la formación y cualificación de los profesionales, la adecuación de los materiales para evitar fallos técnicos y, principalmente, el esfuerzo de los dirigentes políticos para reglamentar y crear un marco legislativo que promueva unilateralmente el desarrollo del sector.

El 18 de junio de 2010 el Diario Oficial de la UE publicaba la modificación de la Directiva de Eficiencia Energética en edificios de 2002/91/CE (EPDB), respondiendo a la necesidad de instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen entre estados miembros en este sector.

Objetivo: edificios de consumo casi nulo a partir de 2020

Los Estados miembros deberán aplicar una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tendrá en cuenta las características térmicas reales del edificio y su aislamiento, las instalaciones que consumen energía, la ventilación natural y mecánica o el diseño del inmueble, entre otros. Cuando se proceda a la sustitución o mejora de dichos elementos, éstos deberán cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia energética que serán inspeccionados periódicamente a intervalos no superiores a cinco años.

España, pese al reciente anuncio del Ejecutivo de regular mediante un Real Decreto la exigencia de certificaciones energéticas para todos aquellos inmuebles que se pongan en el mercado en venta o alquiler, lo tendrá muy difícil para cumplir con los objetivos de Bruselas de asegurar que después del 31 de diciembre de 2020, la totalidad de las nuevas construcciones sean edificios de consumo de energía casi nulo.

Llevamos, según se refleja en este trabajo, un gran retraso en la revisión de nuestra normativa (Código Técnico de la Edificación y RITE principalmente) para que se adecúen a los requerimientos del Ejecutivo Comunitario.

El informe señala que nuestro país se sitúa a la cola de Europa en la adaptación de su normativa y que junto con Grecia, Rumanía, Luxemburgo, Hungría, Bélgica, Lituania Letonia y Eslovenia, ha sido apercibido por Bruselas para que acelere las reformas necesarias que aseguren que la EPBD se cumpla en nuestro país. No en vano, en el momento de la redacción del documento, en nuestro país sólo se exigía el Certificado de Eficiencia Energética para nuevas edificaciones en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Galicia, Canarias, Extremadura, Navarra, Valencia y Cataluña.

Con el Plan 2000 ESE, para impulsar los contratos de servicios energéticos y fomentar la creación de empleo como única medalla en nuestro haber, España tendrá que hacer un gran esfuerzo para racionalizar el consumo de energía de nuestros edificios antes de 2020 y cumplir con los compromisos adquiridos. Solo poniendo manos a la obra de inmediato, nuestro país conseguirá no perder el tren de la Eficiencia Energética y conseguir importantes beneficios medioambientales, económicos y sociales.

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