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Gobierno de Aragón quiere impulsar la inversión en energías renovables

Un nuevo Decreto-Ley resuelve una situación jurídica ocasionada en 2010 y que había paralizado el desarrollo de la energía eólica en la región.

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El Gobierno de Aragón aprobó el 30 de agosto un Decreto de medidas urgentes que incentiva inversiones por valor de más de dos mil millones de euros en energías renovables y, a la vez, proporciona un marco jurídico estable para todos los operadores del sector. La nueva norma resuelve una situación que había paralizado el desarrollo de la energía eólica en esta comunidad autónoma desde 2010.

Gobierno de Aragón aprueba Decreto para impulsar la inversión en energías renovables.

El objetivo es proporcionar un marco jurídicamente seguro para unas inversiones que, según datos del sector, suponen un millón de euros por megavatio instalado. En definitiva, alrededor de dos mil millones de euros en todo Aragón.

El impulso a la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables como la eólica constituye un objetivo fundamental del Gobierno de Aragón. Dado que se trata de un sector estratégico, resulta indispensable afrontar la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se había instaurado como consecuencia de las más de treinta sentencias judiciales dictadas en relación con el Decreto 14/2010, de 22 de junio.

Ante la necesidad de actuar urgentemente para hacer posible que se activen decisivas inversiones en este ámbito, el Gobierno de Aragón ha aprobado el Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, mediante el cual se ejecutan todas las sentencias dictadas hasta la fecha en esta materia.

La nueva norma, aplicando estrictamente los criterios objetivos resultantes de las sentencias, identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años. 

También a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los Tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años.

Respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales, podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación.

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