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La Comunidad Valenciana contará con un nuevo modelo energético basado en la eficiencia energética.

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El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra ha afirmado recientemente que “la Comunidad Valenciana esta construyendo un modelo energético sostenible que asegure la energía que necesitamos” durante su visita a la empresa Schneider Electric en Meliana.

Fabra ha destacado que la eficiencia energética y la gestión de la energía “son una herramienta estratégica para la mejora de la competitividad en la industria y en el tejido empresarial valenciano” y que el uso eficiente de la energía ha sido siempre una de las prioridades de la Generalitat.

Al respecto, ha informado que actualmente la factura energética de la Comunidad Valenciana asciende a 9.099 millones de euros, lo que representa el 9 % del PIB de la región. Igualmente, ha señalado que por cada euro de incentivo en eficiencia energética se reduce la factura energética anual de una empresa en 1,25 euros.

Además ha recordado que las medidas de ahorro y eficiencia energética que desarrolla el Gobierno Valenciano tienen como objetivo la reducción del consumo energético en todos los sectores de la sociedad. “Gracias a estas medidas, la eficiencia energética de la Comunitat ha mejorado un 18 % en los últimos cinco años, lo que se traduce en una reducción de la factura energética de 2010 en 1.817 millones de euros”, puntualizaba.

El presidente valenciano también ha recalcado que su gobierno seguirá trabajando para mejorar aún más la eficiencia energética de la Comunidad y reducir en un 1,5 % anual la cantidad de energía consumida y lograr que alrededor de un 45 % de la potencia de generación eléctrica en servicio proceda de energías renovables al final de esta legislatura y que supere el 50 % en el año 2020.

Fabra, además, ha apostado por conseguir la reducción del consumo y costes energéticos propios de la Administración Autonómica en un 5 % en 2012 y un 20 % en 2016, así como movilizar inversiones por valor de 8.925 millones de euros hasta el año 2020 en materia energética mediante una política energética institucional de incentivos e inversiones, en un marco de colaboración público-privada que optimice los recursos públicos existentes.

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