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Presentado el informe IPM “Seguridad Jurídica en Renovables”

El informe destaca que España necesita una hoja de ruta energética para 2030, ya que consumidor paga un sobreprecio en el recibo de la luz.

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La reforma eléctrica es un caos por la inexistencia de una estrategia energética a medio y largo plazo que ha provocado que la inseguridad jurídica y el riesgo regulatorio sea el método que determina la modificación de las normas sin un horizonte claro. Esta es la principal conclusión del Informe IPM “Seguridad Jurídica en Renovables”, elaborado por IMEDIA y del que son coautores Javier García Breva y José Antonio Martín Pallín.

La volatilidad del precio mayorista de la energía ha provocado que los consumidores estén pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz por encima del precio de mercado que les impide además beneficiarse de las rebajas que se producen en el mercado mayorista por la mayor producción renovable. La reforma eléctrica debería de partir de este hecho objetivo para conseguir unos precios más baratos de la energía. Las medidas que se están tomando no van a proteger al consumidor de la volatilidad del mercado mayorista.

Mientras la evolución de los precios del mercado mayorista de diciembre de 2013 a febrero 2014 ha bajado un 58% por la mayor producción renovable, el precio intervenido por el Ministerio de Industria es un 47% superior al precio de mercado. Este hecho significa que el consumidor está pagando sistemáticamente un sobreprecio en el recibo de la luz.

La paralización de la producción renovable va a ser el efecto de la Orden que establece los nuevos parámetros retributivos, y la nueva metodología para facturar el recibo de la luz va a suponer una barrera a la libre competencia, al impedir el desarrollo de la generación distribuida y del acceso de los consumidores finales a la eficiencia energética.

La energía es más que un producto de mercado según José Antonio Martín Pallín

“La energía es más que un producto de mercado, es un bien básico, estratégico, y un sector que afecta a la protección social de las familias y a los derechos de la persona. Son derechos protegidos por la Constitución española y que a su vez deben ser protegidos del abuso de posición dominante del sector eléctrico”. Son las declaraciones de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, abogado en ejercicio de Life Abogados y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra.

Para Martín Pallín, el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta estos principios constitucionales y habría que intentar modificar la jurisprudencia del TS entendiendo que cuando se cercena la seguridad jurídica o se frustran expectativas reconocidas por la ley, se deben aplicar compensaciones e incluso el Estado legislador debe responder de sus errores, como se ha demostrado recientemente en la sentencia de Tribunal Europeo de Justicia sobre el céntimo sanitario. .

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