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UNEF considera que el Gobierno vuelve golpear la seguridad jurídica del país con recortes retroactivos, sin reformar realmente el sector eléctrico.

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La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) lamenta no disponer de información suficiente para avaluar el impacto que las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros tendrán sobre la retribución a la producción fotovoltaica, pero está convencida de que puede llevar directamente a la quiebra a buena parte del sector, porque éste ya acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40% de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones.

El sector fotovoltaico español considera que las medidas anunciadas tienen carácter retroactivo y, una vez más, vulneran la seguridad jurídica del país. Además, no son una auténtica reforma del sector, sino una nueva acumulación de recortes.

Por oro lado, UNEF rechaza tajantemente las formas utilizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) durante el proceso de elaboración de las medidas, en el que la ausencia de diálogo ha sido total, y en el que se ha ninguneado a las asociaciones sectoriales, legítimas interlocutoras ante la Administración, en favor de unas pocas empresas.

UNEF considera inaudito que medidas de tantísimo calado se hayan abordado desde el más absoluto de los secretos, sin consenso alguno, y manteniendo durante meses un nivel de incertidumbre que ha profundizado aún más la severa crisis del sector fotovoltaico español.

En relación al nuevo sistema retributivo someramente anunciado, que debería arrojar un nivel de rentabilidad de los activos del 7,5%, UNEF desconoce qué costes de inversión “según estándares por tecnología” ha considerado el MINETUR para efectuar los cálculos de esa rentabilidad. Por lo tanto, no puede estimar el impacto que el cambio supondrá para la liquidez de las instalaciones solares, muchas de ellas en situación de insolvencia.

No obstante, atendiendo a la crítica situación de sector, será muy difícil que este nuevo recorte no tenga un fuerte impacto sobre las entidades financiadoras de los 4.600 MW fotovoltaicos conectados, cuya inmensa mayoría está pendiente de amortizar.

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