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UNEF propone a la CNE una batería de medidas para ahorrar al sistema electrico 11.600 millones.

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Catarsis en griego moderno significa limpieza y depuración, y eso, catarsis, es lo que el sector solar fotovoltaico ha recomendado aplicar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) dentro de la consulta pública que este organismo regulador está realizando a los distintos agentes sectoriales sobre posibles medidas de ajuste en el sector eléctrico.

Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la federación que agrupa a las cuatro asociaciones fotovoltaicas españolas, cree que las líneas centrales de esa necesaria catarsis deben aplicarse de forma equitativa, simultánea y por partida doble.

En primer lugar, recomienda acabar con el oligopolio en generación, distribución y comercialización de electricidad, una concentración que ha venido agravándose en los últimos quince años y que contraviene el sistema abierto, transparente y de libre competencia reconocido en la vigente Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.

En segundo término, plantea repartir equitativamente el recorte de costes entre las distintas tecnologías, y aplicar a la vez una batería de doce medidas esenciales, para impulsar la modernización y eficiencia del sistema, con las que se podría conseguir un ahorro superior a los 11.600 millones de euros.

Entre las posibles medidas de ahorro, UNEF incluye el céntimo verde, liquidar las plusvalías obtenidas por los Costes de Transmisión a la Competencia (CTC), establecer un sistema de costes reconocidos a las distintas actividades de generación eléctrica, y asignar a las renovables los retornos por asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono.

Aconseja también atenuar el ‘sobreaseguramiento’ de suministro, y que la tarifa a los consumidores finales (TUR) se determine por el promedio real inmediatamente anterior, y no por el actual régimen de subastas, que encarece artificialmente los costes. Según UNEF, la simple aplicación de las medidas antedichas permitiría resolver el actual déficit de tarifa sin que toda la carga recayese en los consumidores.

Por otra parte, la federación recomienda impulsar el autoconsumo familiar o local fotovoltaico, con el que cada consumidor puede autogenerar una parte significativa de su consumo eléctrico, exportar a la red la energía sobrante y recibir de las eléctricas el soporte nocturno o complementario que necesite. A medio plazo, la escalada de ahorro del autoconsumo resulta imparable, y acrecienta su valor por cuanto otorga a los consumidores cierta capacidad de interlocución en materia de electricidad.

Opacidad contraria a la libre competencia

Para la federación fotovoltaica, el sistema eléctrico español está distorsionado por la capacidad de los cinco grandes grupos eléctricos de influir significativamente en la determinación del precio mayorista de la electricidad y de los peajes regulados del sistema eléctrico. Ese pentapolio ha conseguido reforzarse a pesar de que la Ley 54/1997 estableció la obligación de que las entidades mercantiles separasen sus actividades de generación, distribución y comercialización.

Para lograrlo, los cinco grandes se han servido de la separación nominal entre sociedades de sus respectivos grupos, gracias a lo que actualmente concentran el 70% de la generación, el 90% de la distribución y el 80% de la comercialización de la electricidad en España. A juicio de UNEF, esa concentración vulnera el espíritu de separación de la Ley, que en realidad busca garantizar un sistema abierto, transparente y de libre competencia.

De los 30.000 millones de euros anuales antes de impuestos que componen la factura eléctrica anual total de hogares y empresas, los cinco grandes facturan el 80%, un total de 24.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones se pagan a la distribución y 11.000 millones de euros más a la generación adquirida a sus propios grupos, lo que contradice el espíritu de liberalización emanado de la vigente Ley del Sistema Eléctrico.

Además, una concentración tan desmedida en todos los pasos del sistema les facilita alterar el precio mayorista de la electricidad, por ejemplo empujando al alza los costes reconocidos de las actividades de distribución, o incrementando el coste energético para el consumidor final a través de las subastas CESUR.

Entre 1998 y 2010, las retribuciones a la distribución se han incrementado un 95%, cifra que duplica el alza del IPC en el mismo periodo, aunque los costes reales de infraestructuras y explotaciones para la distribución han crecido muy por debajo del IPC en esos trece años, y además han sido costeados por terceros en una parte muy significativa. Los fotovoltaicos estiman que un tratamiento adecuado de esos activos permitiría ahorrar hasta mil millones de euros al año.

Asimismo, la presencia en las subastas CESUR de empresas demandantes y oferentes de energía pertenecientes a un mismo grupo les ha permitido orientar y alterar el coste energético para el consumidor final, e incrementarlo artificialmente. Sólo entre julio de 2009 y todo 2010, UNEF calcula que el sobrecoste pagado por los consumidores en dichas subastas ascendió a 726 millones de euros, y en 2011 el sobrecoste rondó 300 millones de euros más.

Recorte temporal equitativo de hasta el 5%

Como aportación a la difícil situación del país, UNEF sugiere aplicar a cada coste tecnológico < reconocido en el sistema eléctrico una reducción no lineal de hasta el 5% anual, que podría mantenerse hasta que el PIB nacional creciese por encima del 2% dos trimestres consecutivos. Ahora bien, para ser recortes verdaderamente equitativos, con antelación deben derogarse las normas retroactivas aplicadas a la fotovoltaica en 2010. Con los recortes propuestos ahora, el ahorro para el sistema oscilaría entre 172 y 860 millones de euros anuales.

12 medidas para impulsar la eficiencia más de 11.600 millones

En sus propuestas a la CNE, la federación de asociaciones fotovoltaicas propone también ampliar las interconexiones con Francia, para exportar a la Unión Europea más recursos renovables españoles, y aplicar el céntimo verde, que gravaría cada litro de combustible derivado del petróleo adquirido, y que proporcionaría unos ingresos anuales superiores a los 400 millones de euros por cada céntimo aplicado.

Plantea asimismo que los beneficiarios reintegren el sobreprecio recibido por los CTC. Se trata de unas retribuciones por valor máximo de 8.663,6 millones de euros creadas para compensar los costes de la transición a un mercado de libre competencia. En realidad, además de la cifra total prevista se han pagado 3.300 millones de euros más, a los que hay que sumar otros 1.200 millones de euros por las plusvalías obtenidas en alguna venta de activos a terceros. UNEF considera que esos 4.600 millones de euros excedentarios deberían ser devueltos ahora al sistema.

Sacar las primas del pool e implantar costes reconocidos

Asimismo, la federación solicita un cambio sustancial en la fijación de costes del sistema, sacando del precio del pool todas aquellas tecnologías que no están en condiciones de determinarlo. Todas seguirían reguladas, pero sin incrementar los costes del sistema, entre ellos las primas a las renovables, que serían sustituidas por retribuciones razonables a integrar en el precio medio de la energía, de acuerdo al de acuerdo al desarrollo pasado y la evolución prevista para cada tecnología. A la vez, al acercarse a costes reales de gran hidráulica y nucleares, el mecanismo de casación de ofertas permitiría importantes ahorros, en torno a 2.000 millones de euros anuales.

Por otra parte, el sector fotovoltaico advierte de que, en la tecnología eólica y fotovoltaica, las más próximas a alcanzar el punto de equilibrio en costes, los ahorros obtenidos con la moratoria recientemente aprobada por el Ministerio de Industria no compensarán los retornos que dejarán de obtenerse en dichas tecnologías.

En el caso de la fotovoltaica, los ahorros por la moratoria ascenderán a unos 70 millones de euros anuales, pero a la vez supondrá que se dejen de ingresar 35 millones de euros en ahorros de la balanza de pagos, 231 millones de euros más en retornos al Estado y otros 150 millones de euros en IVA no repercutido. Además, debería añadirse al menos unos 120 millones de euros por los subsidios de los cerca de diez mil empleos directos e indirectos destruidos por la moratoria en el sector fotovoltaico.

En Canarias, las compensaciones extrapeninsulares en electricidad tienen un coste anual superior a los 1.000 millones de euros. Por su interés social, en UNEF creen que dichas compensaciones podrían trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado, y además abaratarse mediante el fomento de energías renovables como la solar fotovoltaica, en vez de seguir anclados en una generación ordinaria de derivados del petróleo plenamente obsoleta.

Además, los derechos de emisión de gases contaminantes deberán ser efectivamente asignados desde 2013. Desde el momento en que las renovables aumentan el límite de toneladas de dióxido de carbono asignadas, deberían considerarse ingresos para el sector eléctrico, y su valor podría superar los 500 millones de euros anuales.

Garantía y calidad de suministro a precio de mercado

En UNEF creen que las garantías para el suministro existentes en el sistema español están artificiosamente sobredimensionados e irrogan sobrecostes innecesarios al consumidor. Por ejemplo, consideran que el principio de que cada kilovatio renovable exige otro de generación convencional es interesado y está más que obsoleto, y que de los 700 millones pagados por los clientes en 2011, podrían haberse ahorrado más de 400.

Igual sucede, a su juicio, con las compensaciones extrapeninsulares o con los costes por interrumpibilidad. Sólo en 2011, este último servicio ha supuesto un sobrecoste al sistema de 522 millones de euros claramente prescindible

Además, en moratoria nuclear, ayudas al carbón y coeficiente de pérdidas en barras de central, UNEF apunta que, en el entorno actual de crisis, convendría establecer una carencia a la compensación de proyectos nucleares, suprimir por su carácter obsoleto las ayudas a la industria nacional del carbón, y reevaluar por sobredimensionadas las ratios de pérdidas aplicadas a la tarifa eléctrica. Sólo con esas tres medidas el ahorro obtenido podría superar los 2.377 millones de euros.

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