Las negociaciones para lograr un acuerdo en torno al proyecto para establecer unas normas en la Unión Europea (UE) que fomenten la eficiencia energética avanzan pero a paso lento, lo que podría impedir su aprobación antes de julio.
Las posiciones entre las tres instituciones europeas -Comisión, Parlamento y Consejo Europeo- se mantienen enfrentadas, aunque todas las fuentes consultadas coincidieron en que el trílogo (encuentro a puerta cerrada) celebrado la semana pasada fue muy constructivo y sentó las bases para se hacer posible un acuerdo.
La propuesta de la Comisión Europea incluye medidas de obligado cumplimiento para los países miembros de la Unión Europea, como que las administraciones públicas tengan que renovar el 3% de sus edificios de más de 250 metros cuadrados cada año para lograr que consuman menos energía. Las enmiendas presentadas por los Veintisiete en el arranque de las negociaciones busca flexibilizar al máximo el cumplimiento de estas obligaciones y limitar su alcance, y la Comisión Europea calculó que supondrían un 62% menos de ahorro de energía de lo previsto en la propuesta original.
Esto comprometería el cumplimiento del objetivo que la Unión Europea se marcó de reducir en un 20% el consumo energético para 2020.
Por su parte, el Parlamento Europeo se desmarcó de los otros dos actores y exigió no medidas de obligado cumplimiento, sino que se establezca un objetivo general de ahorro de energía por países, una opción que el Consejo no está dispuesto a aceptar y que tampoco agrada a la Comisión Europea.
Ante este panorama, Dinamarca, país que ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, redobló sus esfuerzos para lograr un acuerdo antes de junio, aunque las fuentes arriba mencionadas reconoció que Copenhague es consciente de que "el tiempo pasa con rapidez".
La eurodiputada socialista Britta Thomsen, presente en las negociaciones, señaló que tras el encuentro se siente "más optimista", pero estimó que el acuerdo no será logrado antes de julio. España se encuentra entre el grupo de países que se oponen con más firmeza a la directiva, principalmente por la situación económica que atraviesa, según indicaron estas fuentes.
Thomsen señaló que esta posición es contraproducente, ya que España saldría beneficiada de la puesta en marcha de la directiva de eficiencia energética, ya que supondría la reactivación del sector de la construcción y la creación de empleos.
Las fuentes consultadas coincidieron en esta posición y además advirtieron de que si no se toman ahora estas medidas, resultará mucho más costoso hacerlo en un futuro.
El próximo trílogo será el 23 de mayo, cita en la que deberían verse avances sustanciales de cara al Consejo de ministros europeos de Energía que se celebrará en Luxemburgo el 15 junio.