El director general de CIC Consulting Informático, Fernando Martínez, y el director de Eficiencia Energética de Acciona Energía, Luis Gordo, defendieron el pasado día 31 de julio en Santander que, a pesar de que en España se esté atravesando una época de dificultades económicas, es "el momento adecuado" para realizar inversiones en lo relacionado con ciudades inteligentes.
"Hay que emplear la imaginación, porque, sin grandes inversiones, un ayuntamiento es capaz de conseguir eficiencia", señaló Martínez, quien apuntó que las administraciones deben buscar "nuevas fórmulas" de financiación y contratación. Según señaló, "las ciudades inteligentes van ligadas a políticas inteligentes", que tienen que poner en marcha los diferentes gobiernos y municipios para avanzar en esa línea, porque "la situación económica obliga a reinventarse".
Así lo señalaron en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo de su participación en el curso 'Ciudades inteligentes e innovación en servicios II'. Según Martínez, la RECI supone compartir experiencias y proyectos que, a su vez, "pueden implicar muchísimo ahorro".
El director de CIC Consulting Informático señaló que "o se cambian las políticas y las formas de hacer las cosas, o no es posible aplicar la innovación en muchos casos". Además, Martínez propuso realizar cambios en diferentes aspectos como, por ejemplo, en la política de contrataciones de empresas, que pasen a ser "a largo plazo".
En la misma línea, el director de Eficiencia Energética de Acciona recordó que "muchas" de las medidas necesitan de la "implicación" de las administraciones o, de lo contrario, el desarrollo será "mucho más lento y difícil". "No porque nos encontremos en una situación complicada hay que frenar en estas iniciativas y dejarlas para otros momentos", reivindicó Gordo, quien matizó que es "ahora" cuando se deben "buscar salidas tecnológicas" que den lugar a unos "nuevos modelos de sostenibilidad y energía".
De hecho, según Gordo, una mejora de los sistemas de iluminación, de la utilización y regulación de la movilidad y el control de los edificios públicos podría suponer, de media, un ahorro de entre el 15 y el 20 por ciento de la factura energética anual de las ciudades.