La Fundación Renovables reclama al Gobierno, una vez más, que la anunciada Reforma Energética incluya medidas fiscales como el denominado “céntimo verde” a los carburantes y otros productos energéticos para equilibrar los esfuerzos del sector ante los retos planteados que, más allá del déficit de tarifa, son la reducción de emisiones y de las importaciones de hidrocarburos que lastran la balanza comercial de nuestro país. Como ya hiciera en julio y ante el debate suscitado en el seno del Gobierno, la Fundación Renovables vuelve a reivindicar con toda firmeza el empleo de la fiscalidad como elemento de corresponsabilidad del conjunto del sector energético, propuesta que planteó ya en junio de 2010 como su primera aportación al debate energético. Ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el contenido de dicha reforma, la Fundación Renovables no puede dejar de manifestar su honda preocupación por el impacto que tendrían algunas de las medidas anunciadas que supondrían el colapso total para la mayor parte de las instalaciones de energías renovables cuando la moratoria del RDL 1/2012 ya ha cercenado el futuro desarrollo del sector.
La Fundación Renovables insiste en que el impuesto propuesto para los carburantes y el gas tiene como finalidad compensar el actual desequilibrio entre el sistema eléctrico y el resto del sector energético, especialmente el vinculado al transporte, a la hora de alcanzar los objetivo de la Unión Europea tanto para la reducción de emisiones como para el incremento del papel de las energías renovables. Para la Fundación el “céntimo verde” no es una medida coyuntural sino un ejercicio de equidad que conllevará además otros beneficios como la reducción del consumo de combustibles fósiles ya que se trata también de penalizar la utilización de lo que no disponemos y favorecer la implantación de lo que tenemos, que son los recursos y las tecnologías renovables.
En definitiva, como señalábamos el pasado mes de julio, “la Fundación Renovables reclama un impuesto neutral en su aplicación que grave una energía no deseable para favorecer a las deseables, una medida de carácter medioambiental que no tiene carácter recaudatorio y que corresponsable con los compromisos asumidos por nuestro país”. Esta medida debe ser la primera de un modelo de fiscalidad ambiental y debería formar parte de un paquete global de reformas que aceleren la transformación del modelo energético actual hacia uno más sostenible. De lo contrario, será una nueva medida de muy corto plazo para retomar los mismos problemas dentro de seis meses
Lamentablemente la discusión que se ha producido en el seno del Gobierno revela que no hay una estrategia energética definida y que el resultado puede ser más de lo mismo: cargar el coste de la reforma al consumidor y a las renovables, que es lo que se ha estado haciendo desde 2008 y que solo ha conducido al agravamiento de los problemas.