Con el objetivo de reducir el déficit tarifario (26.062,51 millones de euros, según datos de la CNE de mayo de 2013), y hacer suficientes los peajes de acceso para cubrir los costes regulados del sistema, el pasado 3 de agosto el MINETUR, a través de la Dirección General de Política Energética y de Minas, publicó la Orden IET/1491/2013 por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica.
La entrada en vigor de la nueva Orden implica cambios muy significativos en la metodología de cálculo del importe de la factura eléctrica. En concreto, para las tarifas de baja tensión, supone una subida media del 60% en el término de potencia y una bajada media en el término de energía (consumida) del 22%. Para las tarifas de alta tensión, la Orden implica una subida media en el término de potencia del 94% y una bajada media en el término de energía del 58%.
Estas variaciones pueden beneficiar principalmente a grandes consumidores y clientes multipunto, para los que el peso del término de potencia en sus facturas es pequeño en relación al término de energía, y por tanto la subida de la parte fija (potencia) sea menor que la bajada de la parte variable (energía / consumo). Sin embargo, la inmensa mayoría de los consumidores, aquella que realiza consumos más reducidos, se verá perjudicada.
Pero, con independencia de a quién beneficia o perjudica más la medida, para la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) lo que es más grave es que la nueva Orden desincentiva el ahorro, el consumo eficiente de la energía y por ende la realización de inversiones en eficiencia energética. El consumidor que ha realizado esfuerzos para ser más eficiente no se verá tan recompensado. Además, se penaliza a uno de los pocos sectores que no se ha hundido con la crisis y que tiene o tendría buenas expectativas de crecimiento.
Por si no fuera suficiente, la medida va en contra de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, que deberá estar traspuesta en menos de un año en España, y en general de las directrices europeas que persiguen un uso racional de los recursos y que son la base de la estrategia Europa 2020. Es decir, mientras en el resto de Europa hay una apuesta clara por la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética, en España se adoptan medidas contrarias al ahorro y al consumo eficiente y se trasladan mensajes contradictorios a la sociedad.
La falta de coherencia en nuestra política energética que se ve materializada en la aprobación de esta Orden ralentizará el desarrollo de un sector emergente, como lo es el de las empresas que ofrecen productos y servicios en el ámbito de la eficiencia energética, y nos hace menos competitivos. Por ello, desde A3e reclamamos una vez más una apuesta clara y prioritaria de la Administración por la eficiencia energética, que deberá necesariamente reflejarse en todas las medidas legislativas o de otra índole que se tomen.