El Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos, debería haberse publicado antes del 5 de junio de 2014. Sin embargo, a día de hoy la normativa española continúa sin regular todos estos aspectos, esenciales para el desarrollo del sector de la eficiencia energética.
El mencionado Decreto lleva en proceso de tramitación un año y medio, desde que, a principios del año 2014, la Administración lo sacara a consulta pública. Tanto A3e como otros agentes del sector emitieron alegaciones (febrero de 2014) sin tener, a día de hoy, respuesta alguna ni conocimiento de su consideración.
La mejora de la eficiencia energética es una prioridad para la Unión Europea y esta Directiva es su principal herramienta para alcanzar el objetivo del 20% de ahorro energético para 2020. Sin embargo, lo que es prioritario para la Unión Europea parece no serlo en absoluto para España, si consideramos el año y medio que lleva tramitándose el Real Decreto.
La demora ya ha supuesto la apertura a España de un procedimiento de infracción que la Comisión Europea notificó de manera oficial el pasado 22 de julio de 2014. Este procedimiento se abrió pocos meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España por el retraso en la adopción de normas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Pero, independientemente de las sanciones que España pueda recibir, lo verdaderamente relevante es que este retraso frena un sector con unas expectativas excelentes, lo que ya está causando un malestar generalizado. Además, provoca una gran incertidumbre en las empresas no-pymes que, de acuerdo con la Directiva Europea, deberán haber realizado auditorías energéticas (o implantar un sistema de gestión energética) antes del 5 de diciembre, y todavía no conocen los pormenores de esa obligación, lo que les ocasiona graves trastornos a nivel organizativo, presupuestario, etc…
Para A3e, este retraso evidencia que la Administración no prioriza las políticas de eficiencia energética y supone un incumplimiento del rol dinamizador y ejemplarizante que esta Directiva le asigna. Como ya ocurriera en anteriores ocasiones, el sector de la eficiencia energética ve cómo la Administración deja pasar una oportunidad para mejorar la competitividad de la economía, crear empleo de calidad y desarrollar un sector sostenible.
Con esta base, A3e reclama la urgente publicación del Real Decreto que transpone la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética. Este Real Decreto es imprescindible para dinamizar el sector de la eficiencia energética y deshacer la actual confusión e incertidumbre de las grandes empresas.