Cinco pequeñas y medianas comercializadoras de electricidad se han reunido con el frente común de administraciones catalanas surgido el día 19 de enero para afianzar el compromiso con la Ley 24/2015, que garantiza los derechos energéticos. Durante el encuentro se ha evaluado el trabajo conjunto realizado hasta ahora y se han debatido los siguientes pasos a seguir: establecer el principio de precaución, alimentar el fondo económico y firmar un convenio lo antes posible.
En el encuentro han participado, por un lado, las siete administraciones que integran el frente común: el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana del Consumo, el Área Metropolitana de Barcelona, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña. Y, por otro lado, cinco pequeñas y medianas compañías: Aura Energía, Hola Luz, Nexus Energía, Som Energia y Factor Energia.
El objetivo de la reunión es diseñar una estrategia conjunta que evite los cortes de suministro a las familias que no pueden pagar los servicios porque se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se prevé que el futuro convenio entre las pequeñas y medianas compañías y el frente común de las administraciones sea una herramienta clave para dar cumplimiento a la Ley 24/2015 y garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión. La voluntad de todos los actores implicados es que el convenio se firme lo antes posible.
Estrategia para garantizar los derechos energéticos
Una parte de la reunión se ha centrado en definir el plazo durante el cual tendría que estar vigente el principio de precaución, es decir, el número de meses que se darían de margen para comprobar la situación de vulnerabilidad de las familias sin que se produzcan cortes en los suministros.
También se han empezado a definir las aportaciones económicas de cada actor para alimentar el fondo que tiene que servir para pagar las facturas que no pueden abonar las familias vulnerables. La propuesta inicial es que cada compañía aporte una cantidad en función de dos variables: el volumen de energía gestionada y el número de clientes potenciales. Otro tema de debate ha sido el número de comunicaciones formales y acciones a desarrollar con las familias antes de proceder a un corte.