Un total de 3,6 millones de euros han sido adjudicados a los 41 consejos comarcales de Cataluña para la constitución de las Oficinas Comarcales de Impulso a la Transición Energética, cuya función será el acompañamiento a los proyectos y actuaciones en materia de transición energética que se desplieguen en cada comarca. Todos los consejos comarcales de Cataluña se han presentado a esta la línea de ayudas. Resuelta la convocatoria, en los próximos meses cada consejo procederá a constituir su oficina.
La Generalitat de Catalunya, a través del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), ha adjudicado estas ayudas que subvencionarán un 90% de los gastos de contratación de personal técnico y en materia de comunicación para garantizar el funcionamiento de estas oficinas durante un período de dos años, con un máximo de 90.000 euros.
Gracias a este apoyo, los consejos comarcales podrán disponer del conocimiento técnico necesario para incentivar medidas y apoyar iniciativas vinculadas con el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables o el empoderamiento del ciudadano en su relación con la energía, y contar con los recursos necesarios para difundirlas.
Implantación de energías renovables
Además, las oficinas contribuirán a definir el criterio de cada comarca a la hora de planificar y diseñar la implantación de energías renovables en cada territorio. Esta tarea se integrará en el marco del Plan territorial para la implantación de las instalaciones de energías renovables en Cataluña, y debe facilitar el avance hacia un modelo energético basado en las energías renovables, con la generación distribuida en el territorio y participada por la ciudadanía.
El trabajo de estas oficinas se realizará de forma coordinada con la Dirección General de Energía y el ICAEN.
Además del impulso de las oficinas comarcales de impulso a la transición energética, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural ha aprobado otras medidas como el inicio de la elaboración del Plan Territorial Sectorial de las energías renovables -que debe fijar los criterios para su implantación en la región- o la constitución de la Mesa de Diálogo Social por las energías renovables. Asimismo, ha establecido condicionantes para favorecer los proyectos de energías renovables de pequeña y mediana dimensión y también para favorecer que la ciudadanía participe.