La Comunidad de Madrid está ultimando la aprobación de un Decreto que podrá reducir hasta en dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas. Entre ellas, las subestaciones de transformación, necesarias para el correcto suministro eléctrico de colegios, hospitales o centros de procesamiento de datos. El objetivo es eliminar trabas administrativas y facilitar la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas. Esta modificación beneficiará a más del 20% de las 1.500 autorizaciones que se resuelven actualmente.
Esta normativa se prevé aprobar el próximo mes de octubre, y sustituirá al actual Decreto 70/2010, adaptándolo a las nuevas tecnologías y al auge de renovables en la región.
Sistema energético moderno y competitivo
El objetivo de esta actualización es eliminar trabas administrativas y facilitar la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas. Para ello, simplificará los procedimientos de autorización, comunicación, verificación e inspección de las instalaciones de alta tensión. En este sentido, el ejecutivo autonómico ya ha conseguido reducir en otros dos años la tramitación de este tipo de infraestructuras, gracias a la eliminación de los Planes Especiales en las redes eléctricas de distribución y transporte.
Además, el nuevo marco introduce medidas para garantizar una correcta retirada de las instalaciones de energías renovables, al final de su vida útil. En concreto, se establece la obligación de aportar una garantía económica para aquellas de producción, almacenamiento o autoconsumo con excedentes, que se sitúen en el suelo y que hayan pasado por un proceso de evaluación ambiental.
Esto servirá para asegurar que, cuando llegue el momento de desmontar este tipo de infraestructuras, exista un fondo suficiente para que un tercero cualificado pueda encargarse del desmantelamiento y la restauración del terreno afectado.
Esta iniciativa refuerza la apuesta de la Comunidad de Madrid por un sistema energético moderno, competitivo y alineado con las necesidades del tejido productivo, hacia un modelo económico y social descarbonizado. Así, el nuevo Decreto busca alinear la normativa autonómica con la legislación estatal y facilitar la incorporación de nuevos agentes y tecnologías en el sector eléctrico.