El informe ‘Global Covenant of Mayors: Aggregation Report on Energy Access and Energy Poverty 2025’, publicado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, monitorea el pilar de acceso a la energía y pobreza energética (EAPP) del Pacto Global de Alcaldes (GCOM). A partir de datos de las plataformas MyCovenant y CDP‑ICLEI Track, se analiza la implementación del EAPP en 2023‑2024, centrándose en tasas de adopción, distribución regional de badges (insignias), alcance poblacional y características de las acciones ejecutadas, especialmente en Europa. El objetivo principal del documento es proporcionar evidencia para apoyar la adopción efectiva del EAPP a nivel mundial y orientar a los municipios sobre cómo implementar acciones de acceso a la energía y pobreza energética de manera coherente, integrada y efectiva.
El documento sitúa el EAPP en el contexto de los 733 millones de personas que aún no tienen acceso a la electricidad y los 2,1 miles de millones sin cocina limpia, subrayando el papel clave de los municipios para garantizar seguridad, asequibilidad y sostenibilidad energética. El pilar se articula en torno a tres atributos —energía segura, sostenible y asequible— y se integra con los pilares ya consolidados de mitigación y adaptación, lo que permite una evaluación coherente y comparable entre regiones.
El informe combina estadísticas descriptivas y análisis de tablas cruzadas para seguir la evolución del EAPP, evaluando tanto el progreso procedimental (badges de evaluación, objetivo y plan) como el despliegue de intervenciones concretas, con especial atención a la experiencia de la Unión Europea y Europa occidental, donde se concentra la mayoría de firmantes y acciones reportadas.
Despliegue del pilar de acceso a la energía y pobreza energética
A escala global, el EAPP muestra una expansión sostenida en sus dos primeros años operativos. En 2024, unos 1.575 municipios contaban con al menos un badge de energía, lo que supone un incremento del 17% respecto a 2023. El total de badges de energía asignados alcanzó aproximadamente 2.250, un 28–29% más que el año anterior, con predominio de los badges de plan (alrededor del 61% del total), seguidos por los de objetivo y, en menor medida, los de evaluación, que sin embargo multiplican por más de dos su presencia.
El análisis de acciones relacionadas con la pobreza energética muestra que estas intervenciones crecen más rápido que el reporte general de acciones climáticas, con un aumento documentado del 39% frente al 3% para todas las acciones climáticas. Aproximadamente el 90% de las acciones de pobreza energética se integran con mitigación, adaptación o ambos pilares, lo que demuestra el reconocimiento por parte de los municipios de las sinergias entre clima, energía y transición justa.
Las acciones se insertan de forma clara en el marco climático del GCOM: cerca del 90% está integrada con objetivos de mitigación, adaptación o ambos. Según el documento, en 2024 se contabilizan 1.544 acciones combinando energía y mitigación, 228 que vinculan energía con adaptación y 714 que abarcan simultáneamente energía, mitigación y adaptación. Las actuaciones estrictamente centradas en pobreza energética ascienden a 283, más del doble que en 2023, pero aún representan una minoría frente a las integradas.
Sectorialmente, las acciones que combinan pobreza energética y mitigación se concentran en el parque edificatorio, en particular en edificios residenciales (857 intervenciones) y edificios municipales. En términos de avance, el 51% de las acciones de pobreza energética se encontraba en ejecución en 2024, el 41% en fase de planificación y el 7% ha concluido.
El informe concluye que el pilar de acceso a la energía y pobreza energética ha logrado una tracción significativa en sus dos primeros años, pero aún presenta amplios márgenes de expansión, sobre todo en regiones con bajas tasas de adopción. Entre las recomendaciones destaca reforzar las capacidades en estas áreas, mejorar la calidad y homogeneidad de los datos, ampliar el seguimiento de acciones más allá de Europa e incorporar evaluaciones de impacto que permitan valorar con precisión la efectividad de los distintos enfoques municipales frente a la pobreza energética.