La infraestructura eléctrica se ha consolidado como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de vivienda nueva en España, según un informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) que plantea 16 medidas para desbloquear miles de viviendas. El documento identifica cinco áreas de mejora y, para cada una de ellas, se proponen soluciones regulatorias concretas con el fin de agilizar los procesos en materia de suministro eléctrico para el desarrollo de vivienda, asegurar su disponibilidad y, en última instancia, contribuir a atajar la crisis de escasez de vivienda actual.
De acuerdo con datos del Banco de España citados en el informe, el déficit acumulado supera las 700.000 viviendas. Solo en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red eléctrica, de los que aproximadamente la mitad no llegaron a materializarse por falta de capacidad disponible o por el desistimiento de los promotores ante la ausencia de certidumbre regulatoria y operativa.
El informe subraya que la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes relevantes y a depender de refuerzos de red imprevisibles. Estas actuaciones, unidas a reservas de potencia excesivamente largas y rígidas y a una carga de costes que recae de forma mayoritaria en el promotor, encarecen el precio final de la vivienda nueva y mantienen inmovilizados recursos durante años.
Cambios regulatorios para acelerar la oferta de vivienda
El informe agrupa las 16 propuestas en cinco ámbitos de actuación prioritarios orientados a superar estos cuellos de botella. En el primero, relativo a capacidad y planificación de la red eléctrica, se propone flexibilizar los límites de inversión en redes, impulsar inversiones anticipatorias ligadas a la demanda residencial futura y priorizar infraestructuras vinculadas a desarrollos con planeamiento definitivamente aprobado. También se propone crear mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores para alinear los calendarios desde las fases iniciales.
En cuanto a la optimización de la red existente, se plantea introducir criterios de prioridad en el acceso y conexión a la red para usos de interés social y baja movilidad geográfica, como la vivienda, frente a actividades que puedan reubicarse con mayor facilidad. Se propone además un modelo de acceso flexible y progresivo que permita reservar la potencia para todo el desarrollo, pero activarla de forma gradual, evitando bloqueos de capacidad durante largos periodos y favoreciendo un uso más eficiente de la infraestructura eléctrica.
El informe sugiere aprovechar la flexibilidad de la demanda residencial mediante incentivos que faciliten la gestión de consumos en momentos críticos. En paralelo, se reclama una agilización de la tramitación administrativa, eliminando dobles validaciones y descoordinaciones. Entre las medidas concretas se incluyen la alineación de la validez de los informes de viabilidad eléctrica con la tramitación urbanística, la creación de una ventanilla única autonómica de urbanismo eléctrico con silencio administrativo positivo y la fijación de plazos máximos y sancionables para las propuestas de conexión de las distribuidoras.
En materia de ejecución de infraestructuras, el documento atribuye parte de los retrasos a la falta de definición temprana de subestaciones, centros de transformación y redes, lo que complica la disponibilidad de suelo y de potencia reservada incluso en fases avanzadas de los proyectos. Se propone incorporar de forma vinculante la localización y dimensión de estas infraestructuras eléctricas en los instrumentos de planeamiento, simplificar su ejecución mediante declaración responsable cuando estén incluidas en proyectos de urbanización aprobados y habilitar una plataforma digital pública que permita seguir en tiempo real el estado de los expedientes.
Respecto al coste y dimensión de las infraestructuras eléctricas, Asprima advierte de que el esquema actual de reparto de gastos traslada al promotor inversiones de carácter troncal o de utilidad pública, lo que repercute directamente en el precio de la vivienda nueva. El informe defiende que dichas infraestructuras se financien a través del sistema eléctrico, limitando al promotor los costes de redes internas y de uso exclusivo, y propone revisar los criterios de dimensionamiento de potencia para adaptarlos a la demanda real y a la progresividad de la electrificación, evitando sobredimensionamientos que saturan la red y elevan los costes.