Las comunidades energéticas alcanzan en España las 837 iniciativas activas en 2025, 182 más que el año anterior, y consolidan su papel como instrumento de participación ciudadana en la transición energética con efectos en el ámbito local y territorial, según el III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas del Observatorio de Energía Común, iniciativa de Ecodes junto a Redeia y con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El informe señala que uno de cada diez municipios cuenta con alguna comunidad energética, con Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco a la cabeza en número de iniciativas. Además, más de la mitad de las comunidades energéticas analizadas desarrolla o prevé desarrollar medidas para combatir la pobreza energética.
El informe vincula parte del crecimiento reciente al despliegue de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), que actúan como estructuras de acompañamiento y dinamización en el territorio. La mitad de las comunidades energéticas identificadas en España se ha constituido durante los dos últimos años, coincidiendo con la implantación de estas oficinas.
El documento mide el grado de implantación, madurez y diversidad de las comunidades energéticas constituidas formalmente. Para ello combina información del Observatorio, registros autonómicos, fuentes públicas, formularios enviados a las iniciativas y datos aportados por Oficinas de Transformación Comunitaria y entidades promotoras.
Crecimiento desigual y concentración territorial
El análisis muestra una evolución sostenida del número de comunidades energéticas en España, con una tendencia de crecimiento especialmente marcada desde 2023, aunque el informe señala una ligera desaceleración en el último año. En términos territoriales, la implantación es desigual. Cataluña lidera el recuento con 123 comunidades, seguida por la Comunidad Valenciana, con 104, y el País Vasco, con 100. También destacan Galicia, con 82; Navarra, con 74; Castilla y León, con 62; Castilla-La Mancha, con 56; Aragón, con 48; Andalucía y Extremadura, ambas con 46; y Canarias, con 40.
La evolución anual revela focos especialmente dinámicos. En 2025, Navarra sumó 24 nuevas comunidades, Galicia 22, País Vasco 20, Canarias 19, Cataluña 16, Comunidad Valenciana 16, Extremadura 16 y Castilla-La Mancha 14. En términos relativos, el informe subraya el fuerte avance de Canarias, Región de Murcia, Asturias y Extremadura.
El informe señala que el 10,3% de los municipios de España cuenta con al menos una comunidad energética. El indicador municipal confirma diferencias significativas entre territorios. Canarias alcanza el 45,5% de municipios con comunidad energética, por delante del País Vasco, con el 39,7%, Navarra, con el 27,2%, Región de Murcia, con el 26,7%, y Galicia, con el 26,2%. En el extremo contrario, Castilla y León se sitúa en el 2,8%, La Rioja en el 2,3% y Cantabria en el 2%.
Si se observa la población, España registra 1,77 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes, frente a 1,43 el año anterior. Navarra sobresale con 11,2, seguida del País Vasco, con 4,5; Extremadura, con 4,3; Aragón, con 3,6; y Galicia, con 3.
En cuanto al número de socios, el 39,1% de las comunidades tiene menos de 20 socios, el 31,7% entre 21 y 50, el 16,6% entre 51 y 100, el 8,9% entre 101 y 200, el 1,5% entre 201 y 500 y solo el 2,2% supera los 500. La base social, por tanto, crece, pero sigue siendo limitada.
Autoconsumo fotovoltaico, financiación y gobernanza
La actividad dominante continúa siendo el autoconsumo fotovoltaico. El informe contabiliza 442 iniciativas en estudio y 384 en proceso u operativas en este ámbito. A bastante distancia aparecen la movilidad sostenible, la acumulación y gestión de la demanda, las energías térmicas, la rehabilitación de viviendas y otras renovables.
En cuanto a la forma jurídica, la asociación se consolida como la opción mayoritaria, con el 76,2% de los casos, frente al 23,8% de cooperativas. La elección responde tanto a la facilidad administrativa como a las tradiciones organizativas de cada territorio, aunque el informe recuerda que no existe aún una figura jurídica específica para las comunidades energéticas en España.
La mayoría de las iniciativas se ubica en zonas rurales: el 65,5% opera en ese entorno. Las comunidades urbanas de ámbito municipal representan el 22,5%, las de barrio el 7,5% y las industriales o empresariales el 4,4%. Este dato refuerza la idea de que el modelo se ha desarrollado con especial intensidad en municipios pequeños y medianos.
La financiación sigue siendo uno de los puntos críticos. El 70% de las comunidades recurre a fondos propios de sus socios, mientras que el 59% ha recibido algún tipo de ayuda pública. La financiación externa aparece en el 28%, la participación del ayuntamiento como propietario o impulsor en el 11% y los préstamos colectivos en el 3%.
La gobernanza presenta avances, pero también carencias. Las mujeres ocupan el 31,3% de los puestos en órganos de dirección, una cifra relevante pero aún alejada de la paridad. Además, solo el 26,6% de las comunidades tiene su primer proyecto energético funcionando, lo que confirma que muchas entidades están constituidas, pero no plenamente operativas.
Marco regulatorio y papel de las OTC
El informe califica 2025 como un año de despliegue práctico más que de cierre normativo. La Ley 24/2013 y el Real Decreto 244/2019 siguen siendo las bases operativas, sobre todo para el autoconsumo colectivo. Sin embargo, el régimen de las comunidades ciudadanas de energía continúa pendiente de un desarrollo reglamentario más completo.
Una de las novedades frustradas fue el Real Decreto-ley 7/2025, que planteaba cambios relevantes, como ampliar hasta menos de 5.000 metros el radio de autoconsumo para determinadas instalaciones fotovoltaicas de hasta 5 MW. La norma fue derogada por el Congreso en julio de 2025. En cambio, la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible sí incorporó una mejora: permite cambiar de modalidad de autoconsumo, siempre de forma simultánea en los proyectos colectivos.
Los incentivos públicos han tenido un peso decisivo. El programa CE Implementa resolvió en 2025 una sexta convocatoria de 35,6 millones de euros para 27 comunidades y una quinta de 10,7 millones para 106 iniciativas de menor tamaño. En conjunto, el programa acumula 251 comunidades beneficiadas y más de 124 millones asignados. La suma de CE Implementa y CE Oficinas alcanza 220 millones convocados.
Las Oficinas de Transformación Comunitaria han sido otro elemento central. El programa CE Oficinas destinó 20 millones de euros y propició la creación de 74 OTC. Su labor se centró en sensibilización, dinamización territorial, apoyo administrativo, asesoramiento técnico y acompañamiento jurídico.
El informe advierte que su impacto no debe medirse solo por el número de comunidades constituidas durante su actividad, que terminó en septiembre de 2025 salvo prórrogas hasta diciembre. Muchas oficinas han generado capacidades, confianza y proyectos que podrían madurar en 2026 o 2027.
Pobreza energética, inclusión social y retos pendientes
La dimensión social ocupa un lugar destacado. El 70,7% de las comunidades aborda o prevé abordar algún aspecto social. La pobreza energética es el ámbito más frecuente, con el 51%, seguida por género, con el 34%; colectivos vulnerables, con el 29%; y desarrollo rural o despoblación, con el 27%.
El documento señala que las comunidades energéticas pueden reducir costes, facilitar acceso a energía renovable y abrir espacios de participación a hogares vulnerables. Pero insiste en que ese potencial no surge automáticamente. Persisten barreras regulatorias, financieras, técnicas, organizativas, habitacionales y de participación que pueden excluir precisamente a quienes más necesitarían beneficiarse.
Entre los ejemplos analizados aparecen El Rosario Solar, en Tenerife; La Tonenca, en Barcelona; Oliver Comunidad Energética, en Zaragoza; Balenyà Sostenible, en Barcelona; y Torreblanca Ilumina, en Sevilla. Todas combinan, de distintas formas, autoconsumo compartido, colaboración con servicios sociales, formación energética y mecanismos para evitar la estigmatización.
En conjunto, el informe sitúa el desarrollo de las comunidades energéticas en un contexto de expansión sostenida del número de iniciativas y de consolidación de su implantación territorial, con 837 comunidades registradas en España y un crecimiento acumulado respecto a años anteriores.
El documento destaca la heterogeneidad del ecosistema en términos de tamaño, grado de desarrollo y distribución geográfica, así como la coexistencia de diferentes niveles de madurez en los proyectos. Asimismo, subraya la relevancia de los marcos de apoyo público, la financiación y el acompañamiento técnico en su despliegue, junto con la persistencia de distintos factores estructurales que condicionan su evolución en el conjunto del territorio.