El Centro de Asesoramiento sobre Pobreza Energética (EPAH) analiza cómo la eficiencia energética de los edificios residenciales influye en la pobreza energética en la Unión Europea, con especial atención al estado de las viviendas, el confort térmico y los grupos vulnerables.
Bajo el título ‘Eficiencia energética residencial y pobreza energética en la UE. Condiciones de los edificios, confort térmico y grupos vulnerables’, el informe relaciona deficiencias como el aislamiento insuficiente, los sistemas de calefacción ineficientes y las bajas certificaciones de eficiencia energética con una distribución desigual entre la población. Para ello combina datos de EU-SILC 2023, el módulo ad hoc de eficiencia energética, la base de vivienda asequible de la OCDE, certificados de eficiencia energética nacionales y estudios sobre confort térmico en verano.
El documento identifica qué hogares resultan más afectados y por qué, al vincular las condiciones del parque residencial con la vulnerabilidad económica y social de las familias. El análisis también examina las políticas en marcha en los Estados miembros y aporta una base para orientar mejor las ayudas a la rehabilitación y los mecanismos de financiación hacia los casos donde coinciden ineficiencia edificatoria y pobreza energética.
Eficiencia energética residencial y pobreza energética en la UE
El informe muestra que buena parte del parque residencial europeo sigue lejos de niveles adecuados de eficiencia energética. Allí donde hay datos abiertos de certificados energéticos, abundan las clases bajas: en Portugal, el 72,8% de los edificios certificados están en clase C o inferior; en Grecia, el 80,3% figura en D o inferior; y en España, el 85,1% de los edificios con certificado energético disponible se sitúa en la clase E o inferior.
También pesan los elementos constructivos. Las ventanas de vidrio simple, menos eficientes, son especialmente frecuentes en Malta (55,1%), Portugal (43,7%) y Chipre (39,4%). En 2023, el 15,6% de la población de la UE vivía en hogares con goteras, humedades o podredumbre en marcos o suelos; entre personas en riesgo de pobreza, la proporción subía al 23,6%.
La calefacción revela otra brecha. En la UE, el 3,1% de la población no tenía sistema de calefacción, pero la cifra alcanzaba el 6,2% entre quienes están en riesgo de pobreza o exclusión social. El 52,8% dependía de calefacción individual, el 27,1% de sistemas centrales y el 12,6% de redes de distrito. En el sur de Europa, la ausencia de calefacción llegaba al 9,6% y el uso de equipos portátiles o no fijos era significativamente mayor, una situación que el informe relaciona con una mayor vulnerabilidad energética.
El confort térmico confirma la relación entre vivienda deficiente y vulnerabilidad. En 2023, el 17,9% de la población de la UE declaró vivir en una vivienda que no era confortablemente cálida en invierno por sus características físicas o por el sistema de calefacción. Entre la población en riesgo de pobreza o exclusión, el porcentaje ascendía al 31,3%; en el sur de Europa llegaba al 24,6% para la población total y al 40,3% para el grupo vulnerable.
Rehabilitación energética, alquiler y recomendaciones de política pública
Por otro lado, el 25,5% de la población de la UE declaró haber realizado alguna mejora de eficiencia energética en los últimos cinco años. Los Países Bajos lideran con el 58,5%, seguidos de Estonia (46,7%) y Letonia (36,7%), mientras Malta (8,4%) y Grecia (11,9%) quedan rezagadas. Entre hogares en riesgo de pobreza o exclusión, la tasa baja al 17,7%, frente al 27,5% del resto de la población.
El informe advierte además del problema del alquiler. Los inquilinos suelen vivir en viviendas menos eficientes y disponen de un margen limitado para acometer mejoras, debido al denominado problema de los incentivos divididos entre propietarios e inquilinos. A ello se suma el riesgo de incrementos del alquiler o incluso de desplazamiento de los residentes tras una rehabilitación energética. Por ello, el EPAH recomienda ayudas focalizadas, subvenciones que reduzcan los costes iniciales, asistencia técnica, ventanillas únicas y mecanismos que protejan a los hogares vulnerables.
Entre las principales recomendaciones, el informe plantea integrar la rehabilitación energética en los Planes Nacionales de Energía y Clima, los Planes Nacionales de Renovación de Edificios y los futuros instrumentos sociales. Para que estas políticas sean eficaces, considera prioritario dirigir las actuaciones hacia los hogares más vulnerables y apostar por rehabilitaciones profundas, especialmente mediante la mejora del aislamiento y la implantación de sistemas de calefacción y refrigeración más eficientes.
El documento también reclama mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos. Los certificados de eficiencia energética todavía no son homogéneos ni plenamente comparables entre Estados miembros; aunque la armonización de la escala A-G prevista por la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios contribuirá a mejorar esta situación, el informe considera que será insuficiente por sí sola. Por ello, propone disponer de indicadores anuales, obligatorios y desagregados por territorio, régimen de tenencia y situación de vulnerabilidad para evaluar las políticas públicas con una base de evidencia más sólida.