La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea ha publicado un informe donde el Centro de Expertos en Transición Energética (ENTEC2) evalúa la aplicación de la regulación sobre comunidades energéticas en los 27 Estados miembros de la Unión Europea y su papel en la transición energética. El trabajo analiza cómo los países apoyan el desarrollo de las comunidades energéticas a partir de una revisión de la legislación de 27 Estados miembros y de información adicional obtenida mediante encuestas a expertos.
En concreto, examina hasta qué punto los marcos nacionales están alineados con la normativa de la UE, si los Estados miembros han establecido objetivos nacionales en línea con las expectativas de la Comisión Europea y si estos cumplen los criterios SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado). Asimismo, evalúa la eficacia de las medidas legislativas, financieras y operativas puestas en marcha para fomentar las comunidades energéticas.
Además, el informe analiza las condiciones que facilitan la participación de las comunidades energéticas en los mercados de flexibilidad y valora el grado de alineación de los esfuerzos nacionales con los objetivos más amplios de la transición energética de la Unión Europea.
Comunidades energéticas y objetivos nacionales
El principal hallazgo es que los objetivos específicos para comunidades energéticas siguen siendo escasos. Solo Irlanda, Italia, Lituania y Eslovenia tienen metas cuantitativas directas. En la mayoría de países, las comunidades se vinculan a objetivos generales de descarbonización o renovables, pero sin cuotas propias. Entre los objetivos nacionales destacan el 100% de electricidad renovable de Austria en 2030, el 81% de electricidad renovable de España, el 80% de Alemania, el 65% de renovables de Estonia, el 42,5% de Portugal y Croacia, o la electricidad 100% libre de fósiles de Suecia en 2040.
La adopción legal de la Directiva europea de energías renovables (RED II) y de la directiva eléctrica es desigual. Austria, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, España y otros países muestran una alineación alta. En cambio, Alemania, Malta y Suecia presentan lagunas relevantes, mientras que varios Estados tienen definiciones legales, pero carecen de normas secundarias, procedimientos claros o apoyo operativo suficiente.
Flexibilidad, redes y barreras regulatorias
El informe subraya que las comunidades energéticas pueden contribuir no solo a producir renovables, sino también a reforzar la estabilidad del sistema mediante respuesta de la demanda, almacenamiento, agregación y desplazamiento de cargas. Sin embargo, su acceso a mercados de flexibilidad sigue limitado por incertidumbre jurídica, licencias pensadas para grandes actores, umbrales mínimos de participación, falta de datos en tiempo real y despliegues incompletos de contadores inteligentes.
Entre las condiciones habilitadoras más útiles se identifican ventanillas únicas, asistencia técnica, permisos simplificados, financiación inicial, reglas claras de acceso a red, plataformas de datos, tarifas dinámicas y proyectos piloto. Austria, España e Italia destacan por sus oficinas o rutas de apoyo; Italia moviliza 2.200 millones de euros para comunidades renovables; Hungría cuenta con una subvención de modernización de 8,6 millones; y proyectos como RomeFlex o Efi-Duero muestran vías de cooperación con agregadores y experiencias transfronterizas.
Potencial eléctrico hasta 2050
Como parte del documento, también se estima el potencial de la energía ciudadana en el sector eléctrico, entendida como generación descentralizada por hogares, pymes, entidades públicas y colectivos de hogares. El análisis cubre fotovoltaica en cubierta y suelo, eólica terrestre y biomasa para cogeneración. Para 2023, la base armonizada identifica unos 7 millones de iniciativas ciudadanas, dominadas por hogares individuales, y alrededor de 5.240 colectivos usados como aproximación a comunidades energéticas.
En 2023, estas iniciativas generaron 150 TWh de electricidad renovable: 95,5 TWh de solar y 54,5 TWh de eólica. Eso representó el 11% de la electricidad renovable bruta de la UE. Los colectivos aportaron 18 TWh, equivalentes al 12% de la energía ciudadana y al 1,5% de la generación renovable total de ese año.
Las proyecciones muestran un crecimiento notable si se eliminan barreras regulatorias y se moviliza inversión. La energía ciudadana podría aportar el 21% de la generación eléctrica renovable en 2030 y el 32% en 2050. Los colectivos alcanzarían el 8% en 2030 y el 18% en 2050. La solar domina hoy la capacidad instalada, pero la eólica ganaría peso a mitad de siglo. La biomasa mantiene una contribución eléctrica menor, aunque puede ser más relevante en calor.
El estudio calcula que hacia 2050 casi un tercio de los hogares de la UE podría participar en iniciativas de energía ciudadana. Esto supone unos 55 millones de hogares y 57 millones de participantes si se añaden pymes y entidades públicas. Más de 28 millones de hogares podrían formar parte de colectivos. La inversión acumulada necesaria hasta mitad de siglo se estima en unos 635.000 millones de euros, de los que casi 230.000 millones corresponderían a colectivos.
Recomendaciones para la transición energética
El informe recomienda completar la implementación de RED II y de la directiva eléctrica, armonizar definiciones, crear registros nacionales, fijar objetivos medibles y facilitar el acceso real de las comunidades a mercados eléctricos y de flexibilidad. También propone acelerar contadores inteligentes, reducir cargas administrativas, adaptar licencias, promover tarifas dinámicas, apoyar almacenamiento comunitario y usar fondos europeos para ampliar proyectos locales.
El documento concluye que las comunidades energéticas y la energía ciudadana pueden convertirse en actores relevantes de un sistema europeo más descentralizado, resiliente y socialmente inclusivo. Para lograrlo, la UE y los Estados miembros necesitan pasar del reconocimiento legal a marcos prácticos, financiación estable y datos comparables. El informe insiste en crear una base de datos europea armonizada que permita medir capacidad, generación, miembros y energía compartida con mayor precisión.