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El Consejo de la Construcción Verde España ve en la Directiva de Eficiencia Energética una oportunidad para que se produzca un cambio positivo.

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El pasado 14 de Junio el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre la Directiva de “Eficiencia Energética” [Directiva 2011/0172 (COD)]. Esta nueva directiva se articula para dar más potencia a los trabajos y esfuerzos para conseguir la reducción de emisiones del 20% en 2020. Dado que los edificios de los gobiernos locales, regionales y nacionales de la UE suponen casi el 20% del PIB de esta, todos los organismos de los gobiernos nacionales, regionales y locales de los estados de la Unión, tienen una gran visibilidad para dar un muy buen ejemplo fijando y llevando a cabo unos ambiciosos objetivos de eficiencia energética.

Esta es una iniciativa en la buena dirección, para liberar recursos económicos de los organismos de las administraciones publicas de todos los niveles y que se puedan dedicar a objetivos más productivos y rentables para los ciudadanos de la Unión Europea. “Adelgazar”, “quitar la grasa sobrante”, “reducir el tamaño” de los gobiernos locales, regionales y nacional siempre beneficia al ciudadano, a la economía nacional, y a la de la Unión, al aplicar más recursos a la economía privada, que es la realmente productiva.

Esta directiva obliga en España a todos los gobiernos (nacional, regionales y locales) a inventariar, antes de Julio del 2014, con sus superficies construidas y su clasificación de eficiencia energética para edificios existente, todos sus parques de edificios en propiedad, para después aplicar sobre ellos con una tasa de gran remodelación hacia la eficiencia energética, de un mínimo anual del 3% de la superficie total de dichos parques de edificios [todo esto en coordinación con las directivas de edificios de consumo casi nulo, la de eficiencia energética en edificios de nueva planta y edificios existentes y la de reducción de la emisión de GEI (Gases Efecto Invernadero) en edificios del 80-95% para el 2050].

Esto va a provocar el que los organismos públicos antes de ese año enajenen de su titularidad pública; primero todos los edificios muy antiguos y/o desocupados (los menos eficientes), luego los edificios a medias o infrautilizados se eliminarán para concentrar toda la actividad en los edificios de estos, que sean los más modernos y más eficientes, que serán los que mantengan únicamente en propiedad.

Cuantos paquetes de edificios de los gobiernos nacional, municipales y regionales, estamos viendo en estos últimos años, que salen a subasta de venta pública y estas quedan vacías, no habiendo ninguna empresa que quiera presentar ofertas para comprarlos, quedando totalmente desiertas. Este efecto va a hacer que la ya gran oferta de espacio de oficinas en el mercado aumente aun más, sacando a la luz la oferta oculta del sector público, poniendo en claro la oferta real de este subsector, que en España ha sufrido una contracción de entorno al 60%, respecto a la punta del 2008. Lo cual está muy bien ya que aporta la necesaria transparencia para dejar un mercado más libre y abierto y produce un ajuste rápido que supone un punto cero de partida a partir del cual no se puedan esperar más entradas en oferta de forma masiva, salvo la que quede de los bancos con problemas.

Pero los gobiernos nacional, regionales y locales de España tienen todavía que hacer mucho más según esta directiva. Tienen que cambiar todos sus sistemas de compras y suministros para que solo compren los productos, servicios y equipos de la más alta eficiencia energética. En esto entran con muchos otros más; la compra y alquiler de edificios con un rendimiento energético mínimo, ofimática, neumáticos, electrodomésticos, lámparas de bajo consumo, grifos de bajo consumo, calderas de ACS,etc, para lo cual en esta directiva se vuelven más restrictivos los criterios de clasificación energética de productos, como lámparas y electrodomésticos.

Pero no queda ahí la cosa para esta nueva directiva, los gobiernos nacional, regionales y locales deberán redactar y aplicar sendos planes para el desarrollo público y privado de sendas redes a nivel nacional, en todas las ciudades y en el medio rural de; Calefacción/Frio de Distrito y de Cogeneración de Alta Eficiencia [Calor y Energía Combinados – CHP (Combined Heat & Power)] de largo plazo y financieramente estables. Se deberán eliminar todas las barreras regulatorias, fiscales y de ordenanzas municipales y rurales de ordenación del territorio que puedan dificultar o disminuir su pleno desarrollo. Una muy buen idea sería aprovechar esto para modificar, cambiar y arreglar al mismo tiempo la Ley del Suelo liberalizando todos los subsectores eliminando así los graves problemas que le afectan desde hace muchos años a nivel regional y local. Los costes de conexión y los refuerzos de red deberán ser objetivos, transparentes y no discriminatorios, facilitando la conexión a red de la generación pequeña y micro (se permiten los contadores inteligentes reversibles que descuenten por ejemplo lo que de renovables en una vivienda le sobra y vierte a la red). Lo que nos lleva a cambiar y hacer más transparente y competitiva toda la regulación de las renovables y la de las redes de distribución de electricidad y gas, para que puedan entrar en igualdad de condiciones de competencia las pequeñas, medianas y particulares. Lo que a su vez hará bajar los precios.

Esta nueva directiva obliga a que estas normas y regulaciones deberán obligar a las empresas de gas y electricidad a ofrecer sus servicios de eficiencia energética a todo el mercado, no solo a sus clientes, así como que se desarrollen con total eliminación de trabas las ESCo (ESEs) – Empresas de Servicios Energéticos, a parte de las de las compañías de gas y electricidad, las de las empresas de equipos, productos y sistemas, y también las independientes de todas las anteriores, ya sean grandes, pequeñas o medianas, lo cual evite situaciones de monopolio y/o oligopolio y lleve a un libre mercado que baje y abarate los precios. Reforma así, el sistema de contratación de servicios energéticos del gobierno central anterior, perfeccionándolo y haciéndolo limpio, claro y transparente.

El estado español deberá asegurar un régimen para que los consumidores más vulnerables tengan un acceso seguro a los beneficios de la eficiencia energética (pobreza energética) imponiendo medidas de eficiencia energética en las viviendas de protección oficial. También deben de permitir que las pequeñas empresas PYMEs y particulares estén exoneradas de la obligación de la aplicación de medidas de eficiencia energética obligatorias. Las grandes empresas tendrán que hacer auditorías obligatorias ya que los ahorros pueden ser significativos (cada 3 años).

El estado español está obligado a crear un sistema de auditorías energéticas que sea independiente de la actividad a auditar y que sean rentables, asegurando y comprobando la competencia técnica de los auditores e imponiendo sanciones a los que rompan las reglas. Para lo cual deberán establecer sistemas de certificación para los proveedores de; servicios energéticos, auditorías energéticas y mejoras eficiencia energética. La transparencia mediante listas publicas detalladas de proveedores de estos servicios, contratos tipo, diseminación e información de las posibilidades, hará bajar los precios y costes.

El estado español tiene que garantizar un mercado libre, abierto y con criterios de rentabilidad y competitividad, sin barreras de ningún tipo para la oferta y la demanda de servicios, materiales o productos dentro de los anteriores campos de la eficiencia energética.

Los contratos en base al pago en función de los ahorros producidos, facilitarán la inversión por terceros (paid from savings), para lo cual el estado español deberá eliminar todas las barreras reglamentarias, contables y fiscales que lo impiden y/o dificultan y aplicar una adecuada división de los incentivos, subvenciones y ayudas entre los diferentes actores de los procesos de eficiencia energética, haciendo uso pleno de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión de la Comisión Europea. Se recomienda por el Parlamento Europeo y el Consejo la financiación de las medidas de eficiencia energética con estos mecanismos en los edificios públicos, viviendas de protección oficial (pobreza energética) y cualificaciones de profesionales, que fomentará el empleo en este sector.

Para el sector privado tenemos que esta directiva primero obliga a que las grandes centrales y las refinerías de gas e hidrocarburos deberán tener planes de mejora de la eficiencia respecto a las Mejores Técnicas Disponibles en cada momento.

Después la obligatoriedad que tienen las compañías de distribución de gas y electricidad de ahorrar todos los años el equivalente al 1,5% del total anual de energía que facturan a sus clientes finales. La única forma de poder hacerlo es que los clientes finales ahorren energía (planes de gestión de la demanda) que según la directiva serán obligatorios para las grandes empresas y siempre serán voluntarios para las PYMEs y particulares. Las grandes ya se espabilarán en conseguir sus reducciones obligatorias dentro de la máxima rentabilidad y a las PYMEs y particulares les tendrán que convencer de forma voluntaria con argumentos reales de beneficio respecto a los costes que ello implique. No entran tampoco en la obligatoriedad los pequeños distribuidores y vendedores de energía al por menor.

El estado español debe de establecer un marco favorable de asistencia técnica e información específica para las PYMEs, en todos los anteriores campos.

Se habilita el comercio de derechos de emisión en base a los proyectos de eficiencia energética. La eficiencia energética genera reducciones de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) al consumirse menos combustibles fósil, por lo tanto se generan compensaciones de carbono que son transaccionables.

Como vemos toda la estrategia del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea con esta directiva se basa en dar buen ejemplo y liberar recursos por parte del Sector Público para que vayan al Sector Privado, que es siempre muchísimo más eficiente en todos los aspectos, y eliminar todas las barreras, legales, administrativas, de suelo, de las redes de distribución, fiscales, normativas y regulatorias que provocan, monopolios y oligopolios de facto y su consecuente elevación artificial de los precios para el consumidor final, en el campo de la eficiencia energética. Una Unión Europea con una energía más barata, será mucho más competitiva y geoestratégicamente estará más segura.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han dado un plazo voluntario a los estados de 2 años (julio’14), para evaluar el avance y progreso de estas mediadas voluntarias, pudiendo imponerlas como obligatorias a cada estado miembro, si este, por lo que sea, no ha reaccionado como se espera entorno a esas fechas.

Como vemos esta directiva le cambia los planteamientos a los gobiernos central, regionales y locales, ellos son los que tienen que tomar la iniciativa y empezar a hacer las cosas, dando ejemplo real, no solo en la parte legislativa y regulatoria, sino en la acción real de ser los primeros, dando ejemplo, en implantar en todos sus organismos las medidas de eficiencia energética de sus programas voluntarios.

Otro factor muy importante son los condicionantes de contorno que tenemos ahora en España. El escenario real de la Nación Española se encuentra con la inmensa mayoría de los más de ocho mil doscientos ayuntamientos en clara bancarrota, los diecisiete gobiernos regionales y las dos ciudades autónomas igual de rotos financiera y económicamente, con el agravante de la dispersión centrifuga y diferenciación entre ellos, no existe la unidad de mercado, el estado central “que está de mírame y no me toques”. Las grandes empresas ya con la mayoría de ellas sufriendo enormes problemas en sus unidades españolas, las PYMEs desapareciendo a tasas nunca vistas y los seis millones de parados creciendo. La financiación al sector privado sigue congelada haciendo imposible la financiación de proyectos de eficiencia energética promovidos o a los que concurran las ESCos(ESEs) pequeñas y medianas, las grandes suelen encontrar medios fuera de España. La inseguridad jurídica rampante en muchos subsectores. ¿Se pondrá en marcha esta Directiva tal y como prevé el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea? ¿Vds. mismos? Pero los errores del pasado se superan haciendo bien las cosas en el presente para tener un futuro prometedor.

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