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Importantes ahorros energéticos en Asturias

Los hogares asturianos podrían ahorrar 930 euros anuales siguiendo las pautas que establecen los Certificados Energéticos.

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Los hogares asturianos podrían ahorrar 930 euros anuales siguiendo las pautas que establecen los Certificados Energéticos, obligatorios desde hace dos años y el consumo residencial medio es de 218 kWh/m2 en la región que es un valor similar al de otras regiones de parecida climatología. Estas son algunas de las principales conclusiones del análisis realizado por FAEN sobre 13.000 certificaciones energéticas, casi la mitad de las 28.000 presentadas en Asturias durante los dos últimos años. 

Han sido posibles gracias a la herramienta informática o Sistema de Información Geográfica, (SIG) desarrollada por la Fundación que ya arroja otros interesantes datos, y lo hará aún más en el futuro, sobre la clase energética de los edificios de la región, consumos medios, medidas de eficiencia y ahorro energético preferidos, etc.

Por el momento y como se ha puesto de manifiesto en la jornada de Presentación de las nuevas herramientas informáticas que permitirán a los profesionales de la región agilizar sus trámites ante la Dirección General de Industria, más del 99 por ciento de los certificados estudiados pertenecen a edificios ya existentes y un 72 por ciento a viviendas en bloque.

Las fuentes energéticas más usadas en esos hogares asturianos para calefacción y calentamiento de agua, que es donde se produce un mayor consumo, son el gas natural, seguido de la electricidad y el gasóleo.

Cabe constatar también que la energia renovable térmica, está a la cabeza de las energías renovables utilizadas y contempladas en dichos certificados, aunque en general el porcentaje de instalación aún es muy bajo. 

Este Sistema de Información Geográfica permite también comparativas entre municipios… Dándose el caso, por ejemplo que, en Oviedo, con más de 3.600 certificados presentados, se constatan viviendas de clase energética A y B por encima de la media regional.

No obstante, y como constatan los responsables de la Fundación, los datos son aún muy escasos, e incluso hay municipios como Ibias, donde no se solicitó ni un solo certificado. 

A grandes rasgos, la clase energética G (la de mayor consumo) aún es la más normal en los edificios antiguos y la E en aquellos se han contruido más recientemente, conforme ya a los criterios del Código Técnico de la Edificación. 

Por el momento, los edificios con las deseables clase A y B aún son muy escasos en la región, solo alcanzan al 1,2 por ciento del total, aunque este valor es muy similar al de la media nacional. La clase G supone aproximadamente el 25 por ciento en toda España y lo mismo en Asturias, aunque la diferencia en clases E y C es favorable a la región. 

Esto muestra el gran potencial de ahorro que se puede alcanzar mediante la rehabilitación energética de edificios. En concreto, si se plantea el objetivo de conseguir un consumo de energía no renovable de 60 kWh/m2 anuales, que es lo que fija la normativa actualmente en vigor para edificios nuevos, el ahorro económico se situaría al año en 930 euros para una vivienda de 80 m2. 

Para ello, las primeras acciones a realizar serían el cambio de ventanas, la mejora de los aislamientos, la sustitución de calderas, la mejora de la regulación y control de la calefacción y una mayor apuesta por las renovables.

Más allá de un trámite administrativo que genera un documento obligatorio para vender o alquilar una vivienda, el objetivo final de un Certificado Energético debería ser que el usuario sepa qué mejoras se pueden realmente acometer en materia de rehabilitación energética y llevarlas progresivamente a cabo, demostrando así la bondad y utilidad de los certificados y rigurosidad de los profesionales que los extienden.

Como se recordará, desde el pasado 1 de junio de 2013, las viviendas en venta o en alquiler deben disponer de un certificado de eficiencia energética. De no ser así, los propietarios pueden ser multados con sanciones que van desde los 300 hasta los 6.000 euros, según el Real Decreto aprobado el 5 de abril de ese año, que se completó posteriormente con varias enmiendas en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación.

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