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La Fundación Renovables considera que la reforma energética propuesta por el Gobierno no servirá para solucionar los problemas del sistema energético español.

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La Fundación Renovables tras analizar la exposición de motivos y el articulado del Anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes 14, considera que esta Ley, de no ser modificada sustancialmente en su tramitación parlamentaria, no servirá para solucionar los problemas del sistema eléctrico español y mucho menos los del conjunto del sector energético y augura que, en unos meses, se volverá a plantear de nuevo la necesidad de abordarlos con más urgencia aún de la que ya hoy es necesaria. La Fundación Renovables denuncia la utilización de conceptos propios de políticas sostenibles para justificar medidas que van en la dirección contraria y que solo la derogación del RDL 1/2012 que estableció la moratoria a las renovables respondería a los mismos. El texto aprobado por el Gobierno solo tiene un afán recaudatorio, no aborda temas esenciales del sector energético como la formación de precios en el sistema eléctrico y no contiene medidas contundentes de eficiencia energética, de reducción de consumo de combustibles fósiles y de emisiones de CO2, que son los verdaderos problemas de la energía en nuestro país. La Fundación Renovables lamenta también que el Gobierno siga sin regular el autoconsumo para que los ciudadanos puedan beneficiarse de la paridad en red que han alcanzado algunas tecnologías renovables produciendo su electricidad por debajo del precio del sistema.

Este es el análisis de la Fundación Renovables sobre los principales puntos de este Anteproyecto de Ley cuya modificación sustancial exige en su tramitación parlamentaria:

  •  Se apropia de conceptos como “protección de nuestro medio ambiente”, “preservar nuestro rico patrimonio ambiental” o la “internalización de los costes medioambientales” para ocultar los verdaderos motivos de la Ley. De hecho, este Anteproyecto de Ley es mucho más coherente con la eliminación de todas las restricciones medioambientales que está llevando a cabo el ministro Arias Cañete y con las medidas aprobadas hasta ahora por el ministro Soria que con lo que todo el mundo entiende por la defensa del medio ambiente. La coherencia ambiental exigiría la derogación del RDL 1/2012 que paraliza el futuro de las renovables y la cogeneración y la parte del RDL 13/2012 que elimina todos los recursos para las políticas de ahorro y eficiencia energética. El título no puede ser más equívoco para pasar de tapadillo por la verdadera finalidad del Anteproyecto de Ley que es exclusivamente recaudatoria y nada tiene que ver con ninguna política ambiental ni de internalización de costes de los hidrocarburos ni de la energía nuclear.
  • El Anteproyecto de Ley establece un céntimo verde que en absoluto responde a los criterios de corresponsabilidad en el sector energético que demanda la Fundación Renovables para gravar el consumo de los combustibles fósiles, fundamentalmente en el transporte pero también en otros usos, para penalizar las fuentes de energía de las que no disponemos y que causan emisiones. Al contrario, esta iniciativa del Gobierno grava la generación de electricidad pero se libran las gasolinas y gasóleos.
  • Se anuncia que la recaudación de las nuevas figuras impositivas se consignará en los Presupuestos Generales del Estado para ajustar los costes del fomento a las energías renovables y al ahorro y eficiencia energética y, a la vez, se tendrán en cuenta en el recibo de la luz (peajes de acceso). Vigente ya la moratoria de las renovables sólo resta sacarlas de la tarifa y llevarlas a los Presupuestos del Estado para acabar así con las políticas de impulso a las renovables en España (feed in tariff) mientras la pretendida internalización de costes se carga al consumidor final. De esta manera, lo que se preserva de forma tan retorcida es el consumo de hidrocarburos y nuclear echando la culpa a las renovables de todos los problemas del sistema. Esto queda confirmado porque una política medioambiental coherente exigiría plantear medidas contundentes de eficiencia energética, de reducción del consumo de combustibles fósiles y de emisiones de CO2 que solo se pueden llevar a cabo con más renovables. Nada de esto se dice y, por el contrario, se utiliza la demagogia medioambiental para eliminar los costes de las renovables y las propias renovables.
  • La falacia nuclear queda expresada con suma nitidez. Era una fuente de energía tan barata y segura que ahora el impacto económico de sus “cargas y servidumbres” es tan “difícil de evaluar” que las empresas propietarias de las centrales nucleares no pueden hacer frente a ellas y por eso ha de hacerse cargo la sociedad y el Estado de la responsabilidad civil en caso de accidentes y de la gestión de los residuos nucleares. Si tenemos un problema con las nucleares, se debería programar el cierre de todas –como propone la Fundación en sus Propuestas de Política Energética– para no cargar a la sociedad lo que es de exclusiva responsabilidad de sus propietarios privados. Por ello podría considerarse que este Anteproyecto de Ley socializa los riesgos e impactos en la gestión de la seguridad y los residuos nucleares que, con un eufemismo sin par, pasan a denominarse “servidumbres” de la energía nuclear. A la vez, viene a expresar que la energía nuclear es inviable sin fuertes ayudas públicas y que a nuestras autoridades les preocupa más la rentabilidad para unos pocos que la seguridad de todos. La falta de transparencia nuclear es una grave deuda con la sociedad. Dado que es el Estado y la sociedad los que se hacen cargo de estas “servidumbres” la Fundación considera necesario un debate sobre el futuro de esta tecnología.
  • Otra falacia que se descubre en este Anteproyecto de Ley, frente a la idea que se ha mantenido siempre por la generación convencional, es que los combustibles fósiles gozan de grandes subvenciones. Las exenciones fiscales que ahora se eliminan del gas, el fuel y el gasóleo para generación de electricidad y el coste que se repercute a la gran hidráulica como internalización de unos costes ambientales pueden considerarse un eufemismo ya que no son tales, porque en realidad han sido sobre-ingresos que estas tecnologías han obtenido con la opacidad del sistema y el beneplácito del regulador y que, además, ahora se repercutirán a los consumidores en futuras subidas de la luz y del gas.
  • Al final, el mensaje que se lanza es que toda esta fiscalidad ambiental es para pagar las renovables, pero lo que de verdad contiene esta propuesta legislativa es una socialización del riesgo nuclear para garantizar los beneficios de las centrales nucleares y una internalización de costes de la generación de origen fósil y gran hidráulica que se trasladará directamente al recibo de la luz y el gas para mantener su actual rentabilidad. Es un maquillaje burdo que deja nuestro sistema eléctrico intacto al no entrar en el fondo de los costes regulados, ni en la conformación de precios del pool eléctrico, ni en los efectos inflacionistas de las subastas que determinan el precio de la luz, ni en

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