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Las tecnologías del Régimen Especial podrían ver su futuro claramente comprometido.

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Las tecnologías del Régimen Especial (cogeneración, renovables y residuos) verán su futuro claramente comprometido si se llevan adelante las enmiendas presentadas por el Partido Popular al Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La enmienda sobre la disposición final primera, que modifica la Ley 54/97 del Sector Eléctrico pretende financiar el 38,3% de las primas del Régimen Especial con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “La única razón de financiar con cargo a los Presupuestos parte de las primas y no otros costes como los de los sistemas extrapeninsulares e insulares o las ayudas al carbón es querer demonizar a las tecnologías del Régimen Especial, en general, y a las renovables, en particular”, ha denunciado Jaume Margarit, director general de APPA.

“La financiación de parte de los costes del Régimen Especial con cargo a los Presupuestos Generales del Estado transmitirá a la sociedad, de forma engañosa, que las tecnologías renovables y eficientes son las culpables de incrementar nuestro grave problema de déficit público”, ha reflexionado Margarit. “Con el objetivo de salvaguardar los intereses de unas pocas empresas, el Partido Popular pone en grave peligro un sector estratégico como el de las energías renovables”, ha denunciado el director general de APPA.

Para APPA, las enmiendas del Partido Popular consagran la inseguridad jurídica del sector de las energías renovables, que deberá pasar por el trance anual, altamente politizado, de la Ley de Presupuestos, a la vez que mantienen la situación de privilegio en el sector eléctrico de las eléctricas tradicionales y de algunas empresas industriales.

Una discriminación sin justificación

Las enmiendas del Partido Popular al Proyecto de ley pretenden financiar parte de las primas del Régimen Especial con cargo a los Presupuestos cuando otros costes, que ya deberían haberse trasladado a Presupuestos, aún no se han transferido. Los costes de los sistemas extrapeninsulares e insulares o las ayudas al carbón, que suponen 1.900 millones de euros anuales, deberían haberse trasladado ya a los Presupuestos.

Otros costes de gestión del sistema, como la interrumpibilidad o los pagos por capacidad, que no tienen sentido en un sistema con exceso de potencia instalada, no solo no se revisan sino que podrían aumentarse. “El mantenimiento de la interrumpibilidad pone en peligro la financiación del Régimen Especial y supone de facto proteger a unas pocas empresas a costa de un sector de futuro que hoy ya aporta el 1% del PIB y más de 111.000 empleos”, ha denunciado Jaume Margarit.

Un nuevo ejemplo de inestabilidad regulatoria

El Partido Popular compromete seriamente el futuro de las tecnologías de Régimen Especial, al dar un nuevo paso hacia la inestabilidad regulatoria, sin haber realizado un análisis riguroso de los costes del sistema eléctrico ni haber acometido una reforma profunda de su modelo de funcionamiento. La Comisión Europea denunció en mayo el mal funcionamiento del sistema eléctrico español y la excesiva retribución de algunas tecnologías como nuclear y gran hidráulica señalándolos como principales causantes del déficit tarifario. En lugar de abordar estas cuestiones, el Partido Popular opta por esconder parte del problema del déficit tarifario en los Presupuestos Generales del Estado.

El grave problema del déficit tarifario, generado por la decisión política de no repercutir a los consumidores el coste reconocido del sistema, pretende arreglarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. “Financiar parte de los costes de las renovables con cargo a los Presupuestos no solo es perjudicial para los ciudadanos sino también para el sector renovable, que quedaría injustamente señalado como causante de déficit público. No hay ninguna razón para hacerlo con estos costes y no con los costes de transporte, los pagos por capacidad, la interrumpibilidad o cualquier otro coste del sistema eléctrico”, ha concluido el director general de APPA.

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