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Los regantes se agrupan en una central de compras con el objetivo ahorrar hasta un 14% en su factura eléctrica.

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Los agricultores regantes se han agrupado en una central de compras con el objetivo de ahorrar entre un 10 y un 14 % en electricidad, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), que señala que la factura de la luz representa más del 35 por ciento de los costes totales de producción del sector agrario y las medidas solicitadas para mejorar los gastos energéticos "no terminan de encontrar una respuesta por parte del Ejecutivo". La central de compras permitirá a 30 comunidades de regantes adquirir a un precio más competitivo un volumen de 100 gigawatios hora al año, con el que podrán "suavizar el incremento exponencial que han registrado los costes energéticos" desde que en 2008 desaparecieron las tarifas especiales para el regadío, que abocaron al sector al mercado libre.

El sector agrario es el segundo consumidor de electricidad en España por detrás del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El ahorro pontencial que el sector agrario puede obtener en términos absolutos asciende a más de 59 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que su consumo anual se sitúa en torno a unos 5.400 millones de kilowatios/hora, con un coste medio actual de diez céntimos por unidad (kWh).

Fenacore ha trasladado al Ministerio de Industria la necesidad de pagar por la potencia real registrada y no por la máxima contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).

Con ello, los regantes persiguen despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo (meses de riego).

Finalmente, la asociación señala que la aplicación de unos costes energéticos más competitivos garantizarían la colaboración del sector agrario en la modernización de las más de un millón de hectáreas pendientes de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos, que, en la actualidad está "paralizada" por la necesidad de fondos públicos y de unos costes de financiación que hagan posible la viabilidad económica de la transformación de estas zonas regables todavía no modernizadas.

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