La empresa adjudicataria tendrá que empezar por hacer una gran "auditoría energética" que sirva de base: analizar la situación actual y estudiar el consumo energético con el fin de establecer un plan de ahorro.Para ello analizará los sistemas de aislamiento del edificio, la refrigeración, calefacción, iluminación, informática y equipos de gran consumo, etc.
Tras el análisis de la situación se pretende determinar su estado, funcionamiento, posibilidad de aprovechamiento de recursos renovables y eficiencia energética de las instalaciones y equipos así como diagnosticar e inventariar los principales equipos energéticos existentes. Conocer el estado de las instalaciones, las características de los mantenimientos realizados, así como las últimas revisiones y ensayos realizados en las instalaciones y equipos más importantes.
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a 47.200 euros, incluídos impuestos.
La intención de la Cámara Baja es comenzar a introducir infraestructuras y recursos para la instalación de sistemas solares o de microgeneración, tanto para el consumo de electricidad, como para la climatización del edificio. En caso de igualdad en las ofertas, el Congreso dará preferencia en la adjudicación a aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Si esa circunstancia se acredita en varias empresas, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.