Hace un mes el Parlamento Europeo aprobó la nueva Directiva de Eficiencia Energética y se espera su entrada en vigor para 2013. A pesar de la posición contraria del Gobierno a este texto por considerar, con excesiva complacencia, que España va seis años por delante de los objetivos europeos, su contenido expresa una clara voluntad de fomentar el mercado de los servicios energéticos y de eliminar las barreras de todo tipo que impiden su crecimiento. La nueva directiva completa la definición de una política energética europea que va a estar marcada hasta 2.050 por objetivos muy ambiciosos de consumo de renovables, ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2.
Esta directiva se une a las ya vigentes de renovables y eficiencia energética de edificios que completan un catálogo de medidas de política energética en las que debería basarse la recuperación económica y el crecimiento del empleo y del producto interior bruto.
La oportunidad de la directiva de eficiencia energética para las Empresas de Servicios Energéticos está delimitada en los instrumentos que se crean para cumplir los objetivos europeos del 20% de ahorro de energía en 2020 y del 50% para 2050, siguiendo la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica y competitiva aprobada en abril de 2011.
En el texto aprobado se establece que para 2014 se deberá elaborar una “Estrategia Nacional de Rehabilitación” del parque de edificios, tanto públicos como privados, para movilizar las inversiones adecuadas; se encomienda a los estados miembros la evaluación y medidas para eliminar las barreras que se opongan a la eficiencia energética y facilitar mecanismos de financiación a través de la creación de un “Fondo Nacional de Eficiencia Energética” para respaldar los proyectos de ahorro de energía y se determina que a partir de 2014 se deberá presentar un “Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética” que contenga y evalúe medidas, ahorros e inversiones.