Los usuarios particulares y las empresas pueden solicitar diversas ayudas públicas para el despliegue del autoconsumo fotovoltaico (ACFV). Ante este escenario, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado una evaluación donde analiza el impacto de subvenciones, deducciones y bonificaciones en impuestos nacionales, autonómicos y locales y realiza varias recomendaciones para mejorar su eficiencia y orientación procompetitiva.
El estudio se centra en el efecto de estas ayudas sobre la penetración de ACFV y extrae implicaciones para la competencia en los mercados energéticos y en la economía. Además, la CNMC ha publicado como novedad un anexo específico de datos para consultar las cifras y los gráficos.
Crecimiento del autoconsumo fotovoltaico
El autoconsumo fotovoltaico registra un elevado crecimiento en España en 2021. Los datos señalan alrededor de 696.000 instalaciones y 5,4 GW de capacidad instalada a junio de 2025. La implantación de las instalaciones de ACFV es mayor en zonas de más irradiación solar y en municipios con rentas más altas y mayor presencia de viviendas unifamiliares. Además, los clientes con instalaciones de ACFV están mucho más presentes en el mercado libre que en el regulado, contratan más con los comercializadores más pequeños y, en el caso de los hogares, su tasa de cambio de comercializador es mayor.
El análisis revela que las ayudas públicas al autoconsumo proceden de todos los niveles de la administración, entre las que destacan: subvenciones directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; bonificaciones locales en impuesto como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Actividades Económicas (IAE); y deducciones estatales y autonómicas en el IRPF y deducciones en el Impuesto sobre Sociedades de los territorios forales de País Vasco y Navarra.
Debido a la coexistencia de tantos instrumentos gestionados por administraciones distintas, se generan trámites complejos, que pueden suponer barreras de acceso, especialmente para las pymes y los hogares con menos recursos. Un diseño inadecuado también puede generar diferencias en el acceso a las ayudas que distorsionen la competencia.
Coordinación y facilidad de tramitación
Las principales recomendaciones de la CNMC en su evaluación incluyen establecer una estrategia conjunta de todas las administraciones para reducir la burocracia, evitar solapamientos y mejorar la eficacia y la estabilidad de los incentivos; plantear una ventanilla única digital para facilitar los trámites, y mejorar la información y estadísticas. Esto permitiría a los autoconsumidores identificar y solicitar de forma digital todos los incentivos —subvenciones, bonificaciones fiscales o deducciones— en un único procedimiento; valorar si es posible agrupar incentivos dentro de cada nivel de la administración; potenciar la transparencia y estadísticas sobre las ayudas para facilitar la evaluación ex post; y continuar facilitando la conexión a la red y mejorar la información disponible de las instalaciones (en línea con las recomendaciones de la Mesa de Diálogo del Autoconsumo).
También recomienda definir las ayudas en cuantías fijas unitarias ligadas a objetivos, en sustitución de esquemas que dependan del coste incurrido o de variables no relacionadas (como el valor catastral, en el caso del IBI); así como priorizar las ayudas donde sean más necesarias y eficaces para el sistema.
Además de simplificar y automatizar los procedimientos de solicitud y valorar la concesión de oficio de algunas ayudas; ampliar y flexibilizar el sistema de anticipos de subvenciones para que los hogares y empresas con menos recursos puedan afrontar los costes iniciales de la inversión. Si se opta por sistemas con entidades colaboradoras que tramiten la subvención en nombre del beneficiario, garantizar que sean opcionales y neutrales; concentrar las bonificaciones en el primer año tras la instalación; y complementar los incentivos con instrumentos financieros públicos (préstamos bonificados o garantías) en colaboración con entidades privadas para ampliar el acceso y reducir barreras para hogares y pymes con dificultades y minimizar el impacto presupuestario.