Tras seis convocatorias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha cerrado el programa de ayudas CE Implementa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas con la incorporación de 20 nuevas iniciativas de autoconsumo colectivo, lo que eleva a 262 el número de comunidades energéticas subvencionadas y a 108,4 millones de euros los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asignados a la promoción de esta fórmula de autoconsumo renovable en toda España.
El programa CE Implementa comenzó hace algo más de cuatro años junto con el programa CE Oficinas (OTC). Ambos programas, gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), han buscado facilitar la participación de ciudadanos, pymes, empresas y administraciones locales en proyectos de generación, consumo, almacenamiento y gestión compartida de energía renovable.
Con la incorporación de las últimas 20 comunidades energéticas a la resolución definitiva de la quinta convocatoria, se eleva a 262 el número de comunidades energéticas en marcha en toda España bajo el paraguas de este programa de incentivos. Por su parte, y dentro del mismo paquete de ayudas a las comunidades energéticas con fondos NextGenEU del PRTR, la línea de Oficinas de Transformación Comunitaria ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras, ya operativas en toda la geografía nacional, con una inyección adicional de 18,4 millones de euros en su primera edición. La segunda convocatoria contará con una dotación de 10 millones de euros, concedidos al IDAE a través de un crédito extraordinario según lo dispuesto en el RD-ley 7/2026. El Miteco tiene abierta una consulta pública previa para esta nueva convocatoria de ayudas.
Más de 200 comunidades energéticas en España
Por territorios, Cataluña concentra el mayor número de comunidades energéticas apoyadas por CE Implementa, con 72 proyectos. Le siguen Castilla y León, con 40, y Andalucía, con 34. El reparto se completa con Euskadi, con 18; Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, con 16 cada una; Castilla-La Mancha, con 14; Extremadura, con 10; Madrid, con 9; Navarra, con 5; Murcia, con 4; Asturias, Canarias y Cantabria, con 2 en cada caso; y Baleares y La Rioja, con una comunidad energética beneficiaria cada una.
Las 262 iniciativas incluyen instalaciones de energías renovables eléctricas, todas ellas con tecnología solar fotovoltaica. En una parte mayoritaria incorporan sistemas de almacenamiento, mientras que 95 proyectos incluyen medidas de movilidad sostenible, 124 actuaciones se orientan a mejorar la gestión de la demanda y 14 contemplan renovables térmicas, como aerotermia o biomasa.
En conjunto, las comunidades energéticas beneficiarias proyectan 1.472 actuaciones. Los proyectos suman 175.302,62 kW de potencia eléctrica renovable fotovoltaica y 4.925,67 kW de potencia térmica. También sumarán 85.505,48 kWh de almacenamiento y 420 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como 34 sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y 45 de adquisición de vehículos eléctricos.
Modelos de comunidades energéticas y participación ciudadana
A lo largo de las seis ediciones de CE Implementa se han atendido realidades distintas e impulsado diferentes modelos de comunidades energéticas. Tres de ellas se dirigieron a iniciativas de menor tamaño, con inversiones inferiores a un millón de euros, muchas situadas en pequeños municipios. Otras convocatorias seleccionaron proyectos con inversiones superiores a esa cuantía, permitiendo que cada comunidad energética pudiera desarrollar varias propuestas.
En cuanto a la tipología de los beneficiarios, son todas cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total agrupan a 111.166 miembros o socios beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas, una cifra que puede aumentar si estas entidades incorporan nuevos usuarios asociados.
De las 262 comunidades energéticas subvencionadas, 159 operarán en municipios de Reto Demográfico y siete en zonas de Transición Justa. Estas entidades tienen como finalidad principal aportar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y a su entorno, de acuerdo con el enfoque de participación ciudadana recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en el PRTR.