El Gobierno de España ha aprobado el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con un paquete de medidas valorado en 1.825 millones de euros este año para mantener la protección temporal de hogares y empresas y amortiguar el impacto económico del conflicto. A esta cuantía se suman 2.700 millones de euros de ahorro fiscal previsto en 2027 y 2028 por la rebaja progresiva hasta la eliminación del impuesto a la producción energética.
La norma da continuidad al plan aprobado el 20 de marzo y prorroga durante tres meses parte de las actuaciones que vencían el 30 de junio. El nuevo paquete mantiene dos ejes: medidas coyunturales de apoyo, ajustadas a una menor incertidumbre y a recomendaciones técnicas de Bruselas, y actuaciones estructurales para reforzar la soberanía energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la resiliencia de la economía española ante crisis externas.
Precios de la electricidad y el gas
En cuanto a las medidas coyunturales, se establece una reducción del impuesto de hidrocarburos (IEH), que se modulará a lo largo del trimestre. En el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), la norma amplía las minoraciones ya introducidas en el real decreto-ley de marzo para el ejercicio 2026. A la reducción del 10% de las retribuciones del primer trimestre y a la minoración total del segundo trimestre se añaden ahora rebajas del 30% en el tercer trimestre y del 40% en el cuarto trimestre.
Además, el IVPEE reducirá progresivamente su tipo desde el 7% actual hasta su desaparición: será del 5% en 2026, del 3,5% en 2027 y del 0% en 2028. Para este año, esta medida supone un ahorro estimado de 315 millones de euros para los contribuyentes.
El texto también prevé un mecanismo de salvaguarda para una posible evolución desfavorable de los precios de la electricidad y el gas. Si se registra un encarecimiento superior al 15%, se reactivarían medidas aprobadas en marzo, incluida la reducción del IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña del 21% al 10%, así como la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.
Más control de la CNMC sobre el mercado de carburantes
La norma habilita a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a requerir información a agentes mayoristas y minoristas de la cadena de distribución de carburantes para analizar el funcionamiento del mercado. Además, amplía la obligación de los operadores con capacidad de refino en España de comunicar semanalmente al regulador sus costes de aprovisionamiento y sus precios de venta al resto de mayoristas.
Si la CNMC detecta comportamientos anómalos por parte de algún agente, podrá iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Asimismo, estará facultada para incluir información individualizada sobre esos establecimientos en su informe semanal sobre el mercado de carburantes.
Escudo social y medidas para acelerar las renovables
El paquete mantiene el escudo social aprobado el 20 de marzo para todo 2026, que incluye descuentos extraordinarios del bono social eléctrico del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se conserva el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos, como agua y energía, a hogares vulnerables.
Las empresas beneficiarias de ayudas deberán mantener las condiciones asociadas a esos apoyos. Entre ellas figuran la exigencia de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de realizar despidos por causas vinculadas al conflicto en el caso de compañías receptoras de ayudas relacionadas con la guerra.
En el bloque estructural, el real decreto-ley busca acelerar la implantación de generación renovable y la producción de biogás con retorno socioeconómico para los territorios próximos y menor impacto ambiental. Para ello, habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar, mediante normas técnicas, el sello de excelencia social, territorial y ambiental, que permitirá una tramitación preferente a los proyectos mejor valorados.
El texto incorpora además medidas de simplificación normativa y reducción de carga burocrática. También prevé agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes, especialmente para anticipar la conexión de nuevas demandas, y permitir la incorporación de baterías destinadas a prestar servicios técnicos en territorios no peninsulares, con el fin de reducir el consumo de combustibles fósiles.