La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra los 27 Estados miembros de la Unión Europea por no haber transpuesto íntegramente a sus legislaciones nacionales la Directiva refundida sobre la eficiencia energética de los edificios, la Directiva (UE) 2024/1275, conocida como EPBD por sus siglas en inglés.
La norma fue adoptada en 2024 y los países de la UE debían notificar su transposición antes del 29 de mayo de 2026. La única excepción afectaba al artículo 17, apartado 15, relativo a la prohibición de conceder incentivos financieros para instalar calderas de combustibles fósiles, cuya incorporación al derecho nacional debía completarse antes del 1 de enero de 2025.
Transposición de la EPBD
Los edificios constituyen el mayor consumidor de energía en Europa. La transposición y aplicación de la EPBD es fundamental para aumentar la todavía reducida tasa anual de rehabilitación energética en la UE (1%), reducir las facturas energéticas de ciudadanos y empresas, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados y alcanzar un parque edificatorio de cero emisiones y totalmente descarbonizado en 2050.
La Directiva revisada establece nuevos requisitos sobre estándares mínimos de eficiencia energética para edificios no residenciales, itinerarios para la rehabilitación progresiva de los edificios residenciales, medidas relacionadas con la infraestructura para la movilidad sostenible y la integración de energía solar en los edificios. Asimismo, prevé la creación de ventanillas únicas de asesoramiento para la rehabilitación de edificios e incorpora disposiciones sobre financiación pública y privada para facilitar y hacer más asequibles las actuaciones de renovación.
Por ello, la Comisión Europea ha remitido cartas de emplazamiento a los Estados miembros afectados. A partir de esta notificación, disponen de dos meses para responder, finalizar la transposición pendiente y comunicarla formalmente a la Comisión Europea. Si las respuestas no resultan satisfactorias, la Comisión Europea podrá avanzar en el procedimiento de infracción mediante la emisión de un dictamen motivado.