Andalucía ha superado ya la barrera de los 100.000 certificados energéticos registrados a través de la aplicación on line que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se trata de una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la Delegación Territorial para llevarlo a efecto.
El volumen total de registros tramitados un año después de su puesta en marcha asciende a 104.810, de los que Málaga y Sevilla copan el 50%, y el resto se distribuye por las provincias en porcentajes que abarcan desde el 13% de Almería hasta el 4% de Huelva y Jaén.
En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público.
Hasta su entrada en vigor, a mediados de este año, en Andalucía ya existía un decreto autonómico, el 169/2011, de 31 de mayo, que establecía la obligatoriedad de realizar una certificación energética para edificios de nueva construcción o sometidos a grandes reformas. Ese certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los Planes de Gestión de la Energía, que también deben elaborarse de acuerdo con dicha norma.
Con la puesta en marcha del decreto de 2013, esa obligatoriedad también se hace extensiva por parte del Gobierno Central a las edificaciones existentes de todo tipo que se vendan o alquilen, y a una parte de las sedes administrativas.
Por lo que respecta a las calificaciones recibidas, casi la mitad de los inmuebles auditados han recibido una E, mientras que a tres de cada diez ha correspondido una G. Por otra parte, F y D suponen, respectivamente, un 14% y un 9% del total, mientras que las tres categorías superiores (A, B y C) no representan en conjunto más del 4% del total.
Oportunidades de negocio
La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, ha manifestado que la realidad percibida a través de los certificados constituye «un diagnóstico del parque residencial andaluz» que, de acuerdo con los datos ofrecidos, posee «un amplio margen de mejora, con las posibilidades de ahorro energético y, en consecuencia, económico que actuaciones encaminadas a ese fin podrán representar para el ciudadano».
Asimismo, Asensio ha considerado que dentro de ese ámbito se generan «importantes oportunidades de negocio para los técnicos y para el propio sector de la construcción». Por ejemplo, una vivienda con calificación B gastaría al año en calefacción alrededor de 400 euros, mientras que el consumo de otra calificada con la letra G requeriría no menos de 2.000.