Miles de viviendas extremeñas necesitan rehabilitación energética
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, asegura que unas 6.850 viviendas en Extremadura se encuentran en mal estado del total de 423.062 viviendas del parque regional. Y que más de 29.300 presentan deficiencias, mientras que un total de 385.000 se encuentran en buen estado.
Lazcano avanzó –durante la celebración del II Foro Ficon en Feval- que el 60% de los edificios de viviendas de la región tiene más de 30 años de antigüedad, y sólo un 5% tiene menos de seis años desde su construcción. Estas cifras demostrarían el amplio recorrido que aún tienen las medidas de ahorro y eficiencia energética en la región.
Ayuda pública
El presidente de la CNC calcula que la ayuda pública necesaria para crear un empleo en el sector de la rehabilitación de viviendas oscilaría entre los 13.500 a 14.500 euros, lo que contrastaría con los 19.991 euros que supone el coste anual en subsidio por desempleo. Además, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se crean 18 puestos de trabajo y por cada empleo directo se crean dos indirectos.
Para facilitar la rehabilitación de viviendas y la introducción de medidas de ahorro y eficiencia energética serían necesarias, según Lazcano, la creación de un modelo de financiación consistente en un primer momento en subvenciones directas por parte de la administración, acompañado de líneas de créditos subsidiados y préstamos a bajo interés, que progresivamente se irán consolidando y disminuyendo las subvenciones.
Créditos blandos
Por otro lado, considera que se debería llevar a cabo una campaña de concienciación a los ciudadanos para incrementar el conocimiento de la población en cuando a la necesidad de implantar medidas de eficiencia y mejorar los edificios para conseguir el ahorro energético.
En lo referente a las medidas financieras sería necesario facilitar que las comunidades de propietarios que decidan hacer obras de rehabilitación energética tengan acceso a créditos blandos (interés del 4 ó 5% y financiación a 15 ó 20 años) por medio de entidades financieras de titularidad pública como el ICO.