Oficina de Anpier en Bruselas para representar al sector fotovoltaico

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha abierto una oficina permanente en Bruselas para conocer y participar en el desarrollo de las políticas y disposiciones de la Unión Europea en materia renovable. La apertura de esta delegación coincide con el lanzamiento del borrador de medidas en política energética europea “Clean Energy for all Europeans”, que establecerá unos objetivos vinculantes para 2030 y los mecanismos para desarrollar un nuevo modelo energético en Europa.

Laura Garau asumirá la gestión de la nueva oficina de Anpier en Bruselas para defender la seguridad jurídica de los productores fotovoltaicos.

Laura Garau Contreras es la persona que asumirá la gestión de la nueva oficina de Anpier en la capital comunitaria. ANPIER considera necesario tener una sólida representación en Bruselas para transmitir a las instituciones europeas, de primera mano, la crítica situación de quiebra financiera que padecen las 62.000 familias productoras españolas de energía solar fotovoltaica, como consecuencia de los numerosos cambios legislativos retroactivos que han sufrido.

Anpier recuerda que su colectivo situó a nuestro país en la vanguardia de la generación renovable, desarrollando una tecnología, como es la fotovoltaica, que soluciona los problemas energéticos y climáticos del presente y del futuro, y demostrando que las pequeñas iniciativas son también perfectamente capaces de gestionar grandes activos energéticos, con la ventaja añadida de que los ingresos del sistema eléctrico se socialicen y se absorban en las propias economías locales.

Una ventana de esperanza para el sector fotovoltaico

Para Anpier, el borrador de Directiva de Renovables abre una pequeña ventana de esperanza para el sector productor de energía solar fotovoltaica, ya que defiende la seguridad jurídica de su actividad, tal y como recoge el Artículo 6: “Los Estados miembros velarán por que el nivel y las condiciones del apoyo concedido a los proyectos de energías renovables no se modifiquen de manera que repercutan negativamente en los derechos conferidos por ellos y en los aspectos económicos de los proyectos apoyados”.

 
 
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