La Generalitat de Cataluña y las administraciones provinciales y locales catalanes han consensuado una propuesta de convenio para que las empresas suministradoras que aún no lo han hecho se adhieran a la lucha contra la pobreza energética. También han acordado un nuevo protocolo de actuación para evitar los cortes en el suministro.
![Fachada edificio residencial antiguo.](https://static.eseficiencia.es/media/2017/01/administraciones-catalanas-union-contra-pobreza-energetica-edificio-fachada.png)
La Generalitat, el área Metropolitana de Barcelona (CON), el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la Federación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña han formulado una propuesta común de convenio para ofrecer a las suministradoras de servicios básicos que aún no han llegado a ningún acuerdo de colaboración con la Generalitat para hacer frente a la pobreza energética.
La figura del convenio está incluida en la Ley 24/2015 para buscar vías de colaboración y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza energética. La propuesta de convenio recoge diferentes compromisos por parte de las suministradoras. Por un lado, establece que se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar su informe acreditativo antes de proceder a cualquier interrupción.
Colaboración y corresponsabilidad
También facilitarán a los usuarios toda la información relativa a sus derechos. Además, el convenio contempla que las empresas suministradoras de gas y electricidad colaborarán con las administraciones a la hora de hacer frente a los gastos derivadas de la pobreza energética.
En este sentido, mediante medidas como la aplicación de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada o aportaciones económicas directas, las operadoras tendrán que cubrir como mínimo el 50% del coste de la pobreza energética en Cataluña, incluida el gasto que supone para las administraciones la gestión de estas situaciones.
Bono social, auditorías energéticas, facturas claras y ventanilla única
También tendrán que promocionar el bono social y la optimización de la potencia contratada. El convenio también prevé que las compañías suministradoras adapten su servicio a las necesidades de las personas en situación de riesgo de exclusión residencial, con medidas como por ejemplo la realización de auditorías energéticas gratuitas, proporcionar al usuario información completa y comprensible sobre su consumo e informar sobre las posibilidades y alternativas para mejorarlo. Otra medida propuesta es la creación de una ventanilla única para trámites como el cambio de potencia y de contratación, problemas de carencia suministro o incidencias de facturación.
Finalmente, las operadoras también se comprometen a facilitar a los servicios sociales municipales un listado mensual de personas con facturas impagadas y los cortes de suministro efectuados, de forma que se pueda disponer de una visión global sobre la pobreza energética en Cataluña.