Acuerdo para una planta fotovoltaica de participación ciudadana en Menorca

Presentación planta fotovoltaica

El Ayuntamiento de Es Castell, en Menorca, y el Consorcio de Residuos y Energía han firmado esta semana un acuerdo para comenzar la tramitación de la primera planta fotovoltaica de participación ciudadana de Menorca. El convenio permite iniciar los trámites para la futura construcción de la planta, que puede llegar a producir 3.400.000 kWh anuales y por lo tanto llegaría a cubrir el 15,6% de la demanda del municipio.

La primera planta fotovoltaica de participación ciudadana de Menorca tendrá una potencia de 1,7 MWp.

Inicialmente se proyectó una planta de 1,4 MWp con paneles fotovoltaicos fijos de 310 W, pero con las mejoras tecnológicas de las que se puede disponer, opta por paneles de 410 W orientables en un eje, pudiendo así alcanzar una potencia de 1,7 MWp.

Inversión

El principal inversor de la planta fotovoltaica de Trepuconet proviene del IBE con una aportación de 250.000 euros. El Ayuntamiento de Es Castell será quien aporte los terrenos donde se ubicará la planta, valorados en 135.000 euros, mientras que el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca aportará 234.000 euros como inversor.

El resto, unos 700.000 euros, provendrá de la socialización entre pequeños inversores del municipio y de la isla.

Proyecto colectivo

Trepuconet será la primera planta fotovoltaica de la isla que cuente con capital social procedente de pequeños inversores. La socialización pretende crear un proyecto colectivo, aprovechando para crear una comunidad de personas comprometidas con un proyecto común, que permita generar más energía eléctrica limpia con un coste muy inferior que en el caso de instalaciones individuales.

Esta socialización implica la movilización de pequeños inversores, en un primer momento del municipio de Es Castell y posteriormente del resto de Menorca.

La vida útil de la instalación será de entre 25 y 30 años, y el periodo de rentabilidad de las inversiones será de 15 años por los inversores privados y 20 años para las administraciones públicas.

 
 
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