La Xunta de Galicia gestionará la biomasa cercana a las viviendas de siete ayuntamientos

Varias personas reunidas en un bosque al lado de ramas cortadas y colocadas en el suelo.

La Xunta de Galicia gestionará directamente la biomasa cerca de las viviendas de siete ayuntamientos piloto seleccionados al amparo del convenio de defensa de las aldeas, firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga.

Varios responsables de las administraciones acudieron a una zona en la que se están ejecutando trabajos de gestión de la biomasa cerca de las viviendas en el Ayuntamiento de Carnota.

En estos municipios, las franjas secundarias comprenden una superficie total de 2.500 hectáreas cerca de las casas, distribuidas en más de 50.000 parcelas de los Ayuntamientos de Carnota, en la provincia de A Coruña; As Nogais, en la de Lugo; Cualedro, A Gudiña, Monterrei y Lobios, en la provincia de Ourense; y Gondomar, en la de Pontevedra. El principal objetivo del convenio es apoyar a los particulares y a los municipios en el cumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios.

El consejero de Medio Rural, José González; el director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez; el alcalde en funciones del municipio de Carnota, Juan Manuel Saborido; y la directora-gerente de Seaga, María Luisa Piñeiro, visitaron una zona en la que se están ejecutando trabajos de gestión de la biomasa cerca de las viviendas en el Ayuntamiento de Carnota.

Actuaciones en la localidad de Carnota

En el caso concreto de Carnota, las franjas secundarias comprenden una superficie de cerca de 377 hectáreas cerca de las casas, distribuidas en algo más de 9.600 parcelas, y cerca de 46 hectáreas ya fueron contratadas a Seaga para su adecuada gestión.

Además, en este municipio también se está trabajando en un Perímetro de Alto Risco de Incendios (PARI), una figura que tiene como finalidad anticiparse a los fuegos forestales adecuando las infraestructuras preventivas y la red de fajas de gestión de biomasa ubicadas cerca de las viviendas. Así, se están llevando a cabo actuaciones preventivas en casi 12 hectáreas y 10 kilómetros de superficie donde el estado de abandono significa un alto riesgo de propagación de incendios forestales.

Estas labores se enmarcan en el Plan preventivo impulsado por la Xunta de Galicia y que estará en vigor hasta marzo de 2024. Esta planificación prevé actuar al menos en 60.000 hectáreas y en unos 5.600 kilómetros de vías, además de en más de 4.800 puntos de agua, en toda la geografía gallega.

En este contexto, destaca como novedad la puesta a disposición de un visor de fajas secundarias de gestión de biomasa (las que rodean las viviendas), accesible para toda la ciudadanía. Mediante esta herramienta es posible delimitar dichas fajas de aquellos ayuntamientos que tengan el plan de prevención de incendios aprobado. De esta forma, cualquier persona podrá visualizar las parcelas incluidas en estas franjas, con indicación de la parroquia, referencia catastral, superficie total y área afectado por la faja.

Labores de gestión de la biomasa

Cabe recordar que se introdujeron mejoras en la normativa sobre incendios forestales para reforzar la prevención contra incendios. Así, con una disposición adicional se modificó la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia para facilitar y agilizar la ejecución de las labores de gestión de la biomasa.

De esta forma, con dicha modificación, se precisó mejor que la obligación de gestión de biomasa es durante todo el año, aunque desde finales de mayo se intensifiquen los controles y desde principios de abril para aquellos que incumplieron en los últimos cuatro años sus obligaciones de gestión.

Del mismo modo, el apercibimiento a los particulares es válido por cuatro ejercicios, lo cual soluciona el problema de tener que apercibir todos los años y se abrió la posibilidad de proceder directamente a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración competente en aquellas parcelas de propietarios que habían desatendido dichos avisos.

Por último, también se solucionó el problema del cobro de los costes de la ejecución subsidiaria, ya que hasta el momento no se podía recaudar por la Administración autonómica, por corresponder a una competencia municipal.

 
 
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