El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el tercer Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que prorroga y adapta durante el último trimestre de 2026 las medidas para proteger a hogares y empresas frente al encarecimiento de la energía. Entre las principales actuaciones figuran un mecanismo para rebajar la fiscalidad de la electricidad y el gas si continúa el aumento de los precios, la limitación de la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural y el refuerzo del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). El paquete mantiene además durante todo 2026 el escudo social para los consumidores vulnerables.
La norma mantiene la estructura de los dos paquetes anteriores del plan, aprobado el 20 de marzo de 2026. Por un lado, prorroga durante tres meses medidas que vencían el 30 de septiembre y, por otro, incorpora actuaciones estructurales destinadas a reforzar la autonomía energética y continuar avanzando en la descarbonización de la economía. El esfuerzo presupuestario acumulado de los tres reales decretos ley supera los 12.000 millones de euros.
Protección en gas, butano y carburantes
En el ámbito del gas, el real decreto ley limita al 35% el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural de octubre. Con esta medida, el incremento máximo de la tarifa, a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, se situará en torno al 15%, frente a una subida superior al 45% si no se aplicara la limitación.
La norma también fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027. El precio máximo actual de este producto energético es de 18,84 euros.
El paquete prorroga durante el último trimestre de 2026 las ayudas al combustible para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario. Además, se establece una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no pueden acogerse a la devolución parcial del impuesto, incluidos determinados titulares de autorizaciones de transporte, autobuses urbanos y taxis adaptados.
Fiscalidad energética y sectores productivos
En el sector agrario se mantiene la bonificación de 20 céntimos por litro sobre el consumo de gasóleo B, mediante el procedimiento de devolución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Para el sector pesquero, se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el aumento de los costes de carburantes y sostener la operatividad de los buques.
El Gobierno aprueba de nuevo rebajas fiscales sobre gasolinas y gasóleo dentro del Impuesto sobre Hidrocarburos, con reducciones de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. La norma incorpora un mecanismo de salvaguarda que permitiría volver a una bonificación de hasta 20 céntimos en función de la evolución de los precios.
Para electricidad y gas, la norma incluye una cláusula de salvaguarda fiscal. Si la inflación de la electricidad aumenta un 15% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, el IVA de la luz bajará del 21% al 10% y el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%. La rebaja en el recibo eléctrico se aplicará a consumidores con potencias contratadas inferiores a 10 kW y a beneficiarios del bono social. La reducción del IVA se extiende también al gas natural, briquetas, pellets y madera para leña.
Reservas de GNL, CNMC y escudo social
Entre las medidas estructurales, el texto eleva las reservas mínimas exigidas de gas natural licuado (GNL) del Plan de Acción Invernal de 16,5 a 21 días, al tiempo que introduce flexibilidad para facilitar su cumplimiento. También actualiza el régimen sancionador del sector de hidrocarburos, con la duplicación de las multas asociadas a las infracciones, y refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá efectuar un estudio sobre la formación de precios en los mercados mayorista y minorista. El análisis incluirá la efectividad y el grado de traslación de las medidas aprobadas en los mercados energéticos, así como el seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios.
La norma prorroga las condiciones exigidas a las empresas beneficiarias de ayudas, entre ellas la obligación de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas que reciban ayudas vinculadas a la guerra.
El primer Real Decreto-ley del plan, aprobado el 20 de marzo de 2026, ya había establecido para todo 2026 el escudo social, con descuentos extraordinarios del bono social eléctrico del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También incluyó el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición de cortar suministros básicos de agua y energía a hogares vulnerables.