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El Gobierno de Canarias apoya la formación de ingenieros y arquitectos en eficiencia energética.

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La viceconsejera de Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, presentó en Las Palmas de Gran Canaria un acuerdo con los colegios oficiales de ingenieros y arquitectos de la provincia de Las Palmas con el objetivo de implicarles en el desarrollo de las políticas de ahorro energético.

La viceconsejera, que estuvo acompañada por el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, José Antonio Marrero, el director técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de la Demarcación de Gran Canaria, José Feijoo, la vocal del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura, Nuria Vallespín, y el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Lucendo, anunció que este año se destina una subvención superior a los 140.000 euros para las dos provincias canarias con el objeto de que impartan cursos de formación a sus colegiados. Este mismo acuerdo fue presentado ayer en Santa Cruz de Tenerife con los colegios de esa provincia.

Las ayudas servirán para la formación de 700 profesionales a través de 32 cursos para la realización de la certificación energética de los edificios de nueva construcción en las Islas. Francisca Luengo destacó que los edificios consumen casi el 30 por ciento de la energía primaria. Las normativas europeas han intentado incidir sobre el consumo energético de las construcciones, en este caso creando una certificación como ocurre con los electrodomésticos. El objetivo de la Viceconsejería es reducir este consumo en un 10%.

Luengo destacó que "Canarias tiene un sobrecoste energético que supera los 1.500 millones de euros anuales respecto al resto del Estado", aunque este sobrecoste no repercuta sólo en las facturas de los canarios sino en las de todos los españoles. Sin embargo, la viceconsejera ha recalcado que producir energía eólica es mucho más barato en las Islas que en cualquier otra parte de España, debido a las horas de viento.

En este sentido, Luengo reclamó al Estado que mantenga el régimen retributivo específico para Canarias a los productores de energías renovables. "Espero que el ministro José Manuel Soria, se convierta en un aliado de Canarias y no derogue e incluso amplíe el cupo de 600 watios actuales".

La Directiva Europea 2002/91/CE tiene como objetivo fomentar la Eficiencia Energética de los Edificios y obliga a todos los estados miembros a que todo edificio, tanto si se vende como si se alquila, vaya acompañado de un Certificado de Eficiencia Energética. Este certificado se presentaría a la persona interesada, el propietario o inquilino. En este certificado, y mediante una etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada edificio una Clase Energética de eficiencia o ahorro.

Se trata de que cada edificio disponga de una etiqueta con su calificación energética (de la A, que correspondería a los edificios más eficientes, a la G, los edificios menos eficientes) y en la que se incluya su consumo estimado de energía y las emisiones de CO2 asociadas. El objetivo de la certificación de edificios sería incentivar a los promotores a construir edificios más 'ahorradores' y animar a la rehabilitación de edificios para que consumieran menos energía.

El sobrecoste para construir un edificio nuevo de viviendas de máxima calificación energética, se compensa con un beneficio económico en la factura energética desde el primer año. Para el caso de un edificio de oficinas ya existente, el sobrecoste para rehabilitarlo con objeto de conseguir una calificación energética B tan sólo requiere dos años para recuperar la inversión.

Por último, Luengo ha hecho hincapié en que esta medida forma parte de las muchas que se llevan a cabo dentro de la política de ahorro energético en industria, "ya que estoy convencida de que debemos pagar menos y podemos pagar menos si ahorramos energía". Industria aplica medidas de ahorro energético en varios sectores, entre los que se encuentra el sector industrial; el sector de los servicios públicos, donde se busca la mejora de la eficiencia en la potabilización, depuración y desalación; en los transportes, en la agricultura y en la cogeneración de energía.

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