A través de la plataforma Solar Maps, Greenpeace ha lanzado una herramienta de participación que permite a la ciudadanía identificar el uso de la energía solar que hace el Gobierno en sus edificios. Ya han sido analizados quince ministerios y ahora la organización abre la herramienta a todo el público para ampliar los datos a más instalaciones gubernamentales.
Según la organización, los tejados de los ministerios del Gobierno suman unos 80.000 m2 disponibles para instalaciones fotovoltaicas. Si tan solo se aprovechara la mitad de esa superficie para instalar sistemas fotovoltaicos, se podrían producir 9,7 GWh anuales que podrían ahorrar a las arcas públicas casi 27 millones de euros en 25 años, reduciendo las emisiones de CO2 en 2.500 toneladas.
Gracias a la herramienta Solar Maps, centenares de voluntarios ya han analizado los quince edificios ministeriales más emblemáticos, midiendo la extensión de los tejados de los edificios públicos y analizando si hay energías renovables instaladas en ellos, así como su potencial. Según los datos obtenidos, sólo 4 de esos 15 edificios cuentan con energía solar, lo que representa el 1,25% de su potencial fotovoltaico.
Solar Maps
Hasta ahora, el voluntariado de Greenpeace ha analizado más de 400 edificios, descubriendo una superficie disponible para paneles solares equivalente a 24 campos de fútbol. Desde el pasado miércoles, 16 de mayo, Solar Maps queda abierta al público, para que la participación social permita ampliar los datos a más edificios gubernamentales por todo el territorio estatal. Según la organización, hay 5.259.
A través de la información disponible en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda, Greenpeace ha colocado en un mapa todos los edificios públicos del Estado de los que hay información (5.253) y presenta una estimación real del potencial renovable que el Gobierno está desperdiciando.
Greenpeace anima a todo el mundo a participar para conocer realmente qué beneficios habría con un Gobierno ejemplar, en términos de producción energética, ahorro económico y emisiones de CO2.