La industria del frío celebra la reducción del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Sección refrigerados de un supermercado.

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, ha recibido con satisfacción el recorte del tipo impositivo del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI) publicado en la Ley 6/2018 del 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Según indica AEFYT en un comunicado emitido el 10 de julio, esta decisión da respuesta a una insistente reivindicación tanto de la industria del frío como de asociaciones usuarias de frío de la distribución e industria de la alimentación.

A pesar de la reducción del IFGEI, AEFYT sigue solicitando la derogación del impuesto al restar competitividad a la industria española y fomentar el mercado negro.

Los presupuestos, en su artículo 79, recogen una reducción del tipo impositivo del IGFEI que, a partir del 1 de septiembre y con vigencia indefinida, estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que corresponda a cada gas fluorado, con un máximo de 100 euros por kilogramo. Anteriormente, el tipo que se aplicaba era del 0,02, por lo que la reducción es de 0,005 puntos, un 25% respecto al tipo anterior. Desde un punto de vista práctico, un gas como el R134a, por ejemplo, pasaría de pagar 26 €/Kg a 21,45 €/Kg.

El impuesto también cambia en lo referente a gases regenerados y reciclados. En este caso, a la carga impositiva correspondiente a los productos vírgenes se les aplicará una reducción del 50% frente al 15% anterior. Además, hay que tener en cuenta que, conforme al Artículo 5 SEIS 2 de la Ley 16/13, los refrigerantes con un PCA igual o inferior a 150 no están sujetos al impuesto. Cuando un preparado supere un PCA de 150, solo los componentes incluidos en la tabla relacionada con el impuesto se contabilizarán para el cálculo.

A pesar de esta reducción del tipo impositivo, AEFYT sigue demandando la anulación total de un impuesto que considera injusto para la industria del frío española al restarle competitividad y, además, ha tenido un efecto rebote sobre sus supuestos efectos medioambientales al ser una de las consecuencias del incremento del mercado negro –y por lo tanto de emisiones sin control-, que se estiman en torno al 40%.

 
 
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