Unas políticas de eficiencia adecuadas reducirían un 40% las emisiones para alcanzar los objetivos climáticos, según IEA

Imagen de la portada del último estudio de la IEA.

Las políticas de eficiencia adecuadas podrían, por sí solas, permitir una reducción de emisiones necesarias en un 40% para alcanzar sus objetivos climáticos. Y todo ello, sin necesidad de nuevas tecnologías. Así se desprende del informe Energy Efficiency 2018 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El aumento de la eficiencia reduciría las facturas de energía para los consumidores en más de 500.000 millones de dólares al año.

Para el Organismo internacional, mientras que la demanda de energía aumenta, las políticas de eficiencia energética se han rebajado en los últimos años, y lamentan que en los 24 últimos meses se han introducido menos normas y políticas nuevas.

Para la Agencia, este debilitamiento del progreso de la eficiencia es preocupante en un momento en que la demanda mundial de energía está creciendo. El informe se plantea qué pasaría si se aprovecharan todas las oportunidades de eficiencia energética. Todas las oportunidades identificadas por la IEA son rentables y utilizan  tecnologías ya disponibles en la actualidad.

Reducir la factura en 500.000 millones

Del informe se desprende también que el aumento de la eficiencia reduciría las facturas de energía para los consumidores en más de 500.000 millones de dólares al año, así como las importaciones de energía y la contaminación en las ciudades, que, recuerda la IEA, es un problema clave para muchos países.

El informe establece una visión para 2040 con un 60% más de espacio para la construcción y un 20% más de personas, y el doble del PIB mundial, al tiempo que utiliza un poco más de energía que en la actualidad y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12%. Pero esta visión, advierte la Agencia, requiere un avance inmediato en la acción política.

Energy Efficiency 2018 describe una estrategia global centrada en el papel de los gobiernos, es decir, en qué pueden hacer para conseguir beneficios económicos, sociales y ambientales de una mayor eficiencia energética. Y la respuesta es neta: mejorar la eficiencia de los edificios y la industria, aunque el Organismo destaca también la importancia de áreas como la aviación y el transporte marítimo.

 
 
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