La Diputación de Castellón ahorrará 2,7 millones de euros en la factura de la luz a 106 ayuntamientos y entidades locales adheridas al nuevo contrato de suministro de luz de la Central de Contratación del Gobierno Provincial.
Este contrato conjunto, cuyo acuerdo marco está ahora en licitación, supone un ahorro económico al que se sumará el ahorro administrativo derivado de la contratación conjunta, según explicó el diputado delegado de Contratación, Luis Martínez, quien asegura que “se trata de ayudarles a que sean más eficaces en su gestión, con ventajas que se derivan de la contratación conjunta y que facilitamos con nuestra Central de Contratación”.
Electricidad 100% de fuentes renovables
En el pliego del nuevo contrato se han introducido aspectos como la exigencia de que el 100% de la electricidad suministrada provenga de fuentes renovables (E-FER) o de cogeneración de alto rendimiento (CCE-AR).
El ahorro en el suministro de energía eléctrica en los municipios es mayor, ya que desde la institución se ha implementado en los últimos años un Plan de Eficiencia Energética que ha incluido en la Central de Contratación la realización de auditorías energéticas y el suministro de elementos de eficiencia energética. De modo que Martínez celebró que ahora los ayuntamientos pagan menos por la luz al tiempo que consumen menos y, por lo tanto son «más sostenibles».
Ahorro superior a los 18 millones
Desde la inclusión en 2011 del contrato eléctrico a la Central de Contratación, la Diputación ha logrado un ahorro de más de 18 millones de euros a los 134 de los 135 municipios de la provincia adheridos a la iniciativa. Se trata de una herramienta informática que la institución provincial puso en marcha a finales de 2011 para mejorar la contratación pública de los ayuntamientos.
Los consistorios aprovechan la Central de contratación para negociar contratos más beneficiosos aún con sus proveedores, si bien ya tienen un precio de mínimos para negociar. De hecho, laa Diputación ha podido obtener descuentos de entre un 5% hasta más de un 50%, según los servicios a los que se han adherido los ayuntamientos.