El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España. Con ello, el Ejecutivo se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días de Gobierno, para combatir el cambio climático con políticas transversales.
Entre estas primeras medidas, destaca la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, y la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.
Neutralidad climática en 2050
El Ejecutivo se compromete a adoptar cinco líneas de actuación en los primeros 100 días de Gobierno. La primera de ellas contempla llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
Asimismo, otro de los compromisos en los primeros 100 días de Gobierno consistirá en definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
En este periodo también se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto, así como se llevará a cabo la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.
El quinto compromiso se basará en el impulso a la transformación del modelo industrial y del sector servicios, a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Otras 25 medidas prioritarias
Junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Gobierno en sus primeros 100 días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública frente a la emergencia climática y ambiental.
En concreto, se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.
Actuación frente a la pobreza energética
Entre otras cosas, el acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.
También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas.
Por último, el acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la “senda correcta” para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente.