El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana someten a información pública el Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC). Se trata de un instrumento dotado con 9.099 millones de euros para proteger de forma estable a los colectivos más vulnerables ante la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. El plan movilizará inversiones de 2026 a 2032 para rehabilitación en entornos vulnerables, climatización renovable, electrificación, comunidades energéticas y creación de ventanillas únicas, entre otras actuaciones.
El plan será remitido a la Comisión Europea antes de que finalice 2026 para su aprobación. Se enmarca en un contexto de inestabilidad internacional marcado por la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, tras medidas temporales como el escudo social de 5.000 millones.
Protección a hogares y empresas vulnerables
La financiación procederá de la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del Fondo Social para el Clima, junto con una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total del plan. Del importe global, 4.723 millones, el 52%, se destinarán al ámbito de los edificios, mientras que 4.376 millones, el 48%, financiarán medidas en transporte por carretera.
Los beneficiarios previstos son hogares vulnerables, especialmente aquellos en situación de pobreza energética o con rentas bajas y medias-bajas que no pueden asumir la rehabilitación de sus viviendas. También se incluyen usuarios de transporte vulnerables sin alternativas viables al vehículo privado de combustión y microempresas con menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación anual que presenten una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas.
El plan se plantea como complemento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el Plan Estatal de Vivienda, la Ley de Movilidad Sostenible y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su finalidad es reducir de forma permanente las necesidades energéticas de los colectivos vulnerables y facilitar el acceso a soluciones de movilidad limpias y asequibles.
Rehabilitación energética y vivienda asequible
El componente de edificios se orienta a modernizar un parque residencial con un número elevado de viviendas de baja eficiencia energética. Las actuaciones buscan reducir el consumo, mejorar el confort térmico ante fenómenos meteorológicos extremos y disminuir las emisiones de CO₂.
La mayor partida, de 1.813 millones, se dirigirá a la promoción de vivienda asequible, mediante nueva construcción y rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial con altos estándares de eficiencia energética. Otros 1.220 millones financiarán intervenciones integrales en barrios y entornos urbanos vulnerables, con prioridad para zonas con mayores índices de vulnerabilidad e incluyendo rehabilitación energética, climatización renovable y redes de calor y frío de distrito.
El plan reserva 923 millones a la rehabilitación de edificios residenciales donde vivan hogares vulnerables, con ayudas para mejorar el aislamiento térmico y sustituir sistemas basados en combustibles fósiles. Además, se prevén 278 millones para actuaciones en viviendas individuales cuando no sea posible una rehabilitación comunitaria, y 300 millones para comunidades energéticas y consumidores activos, con apoyo al autoconsumo colectivo y al almacenamiento energético siempre que al menos el 10% de la energía generada o ahorrada se destine gratuitamente a consumidores vulnerables del entorno.
También se incluyen 27 millones para RED-Actúa, una red de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento destinada a facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales. Otros 162 millones se asignarán a proyectos piloto de intervención exprés para hogares en urgencia térmica y a mejoras de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
En el componente de transporte, la descarbonización del transporte por carretera recibirá 2.269,6 millones. El transporte público asequible y accesible dispondrá de 964,8 millones; la movilidad rural a la demanda y compartida recibirá 702 millones; la movilidad activa contará con 370,5 millones; la intermodalidad, 26,2 millones de euros y otros 43 millones a puntos de intercambio para carpooling.
Participación pública, criterios sociales y seguimiento
La audiencia pública permitirá presentar alegaciones, propuestas y aportaciones al proyecto. También se prevén talleres para reforzar la participación de asociaciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos, administraciones autonómicas y locales, jóvenes y otros colectivos. Los comentarios y alegaciones podrán presentarse hasta el 29 de junio mediante el formulario habilitado.
El plan incorpora de forma transversal la perspectiva de género. El análisis señala que las mujeres, especialmente las que encabezan familias monoparentales o asumen responsabilidades de cuidado no compartidas, están más expuestas a la pobreza energética y de transporte. Por ello, los criterios de vulnerabilidad socioeconómica tendrán en cuenta la composición familiar, el nivel de renta, la existencia de personas dependientes y la situación de víctimas de violencia de género.
En la fase operativa, el Plan Social para el Clima contará con un sistema de seguimiento hasta el 31 de julio de 2032. Los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de hitos y objetivos, y las medidas deberán respetar el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente. La coordinación corresponderá al Miteco, en colaboración con los ministerios de Vivienda y Transportes, las comunidades autónomas y las entidades locales.