Elisa Sarriá, responsable de producto de la empresa dedicada a la valoración y asesoramiento inmobiliario, Tinsa, ha indicado que la nueva legislación obliga a los propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda a tener, desde el 1 de junio, un certificado de eficiencia, pero no exige que los que obtengan una baja calificación, tengan que mejorarla.
Sarriá apuntó que los propietarios de viviendas en venta o alquiler que en esa fecha no hayan obtenido el certificado, que cuesta entre 150 y 350 euros, se verán expuestos a multas de entre 3.000 y 600.000 euros.
También quiso reseñar que un 70% del parque inmobiliario español obtendrá "bajas certificaciones" (E en una escala que va entre A y G).
Por su parte, el director general de Tinsa Certify, Gonzalo Cervera, consideró "inexplicable" la falta de información sobre la necesidad de obtener el certificado por parte del Gobierno "a 20 días vista de la entrada en vigor del real decreto".
Según el procedimiento establecido, las comunidades autónomas deben crear un órgano regulador que establecerá qué empresas están autorizadas para otorgar la certificación y ejecutar las sanciones.