Luz verde al proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética de Navarra

Energía fotovoltaica

El proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética ha sido aprobado esta semana por el Gobierno de Navarra. El texto será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y, en su caso, posterior aprobación.

El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética.

El proyecto normativo recoge medidas concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático que competen a diferentes áreas, como la edificación, el alumbrado público, la movilidad y las energías renovables, así como el medio natural y la biodiversidad, el entorno urbano o las personas más vulnerables.

Medidas en materia de energía

En materia de energía, el proyecto de ley incluye diferentes medidas. Se establece que a partir de 2025 el 50% de la energía eléctrica consumida por la Administración Foral, las entidades locales y sus organismos públicos deberá ser certificada como 100% de origen renovable (clasificación A) y, a partir de 2030, toda la energía eléctrica consumida deberá ser 100% renovable (clasificación A).

El proyecto de ley también apuesta por el impulso, en colaboración con los municipios, para implantar comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energía renovable en el territorio navarro. Y se determina que a partir de 2030 las administraciones y sus organismos públicos no podrán arrendar inmuebles que no posean la consideración de edificio de consumo casi nulo, salvo excepciones previstas en la ley.

En cuanto a las explotaciones agrícolas y ganaderas, el texto apunta que en cinco años todas aquellas con un consumo anual superior a 1.000 kwh deberán implantar energías renovables en sus instalaciones para garantizar que, al menos, el 15% del consumo sea en régimen de autoconsumo.

Asimismo, entre otras cuestiones, el texto establece que las instalaciones de energía solar se ubicarán prioritariamente en suelo urbano y urbanizable para asegurar su ordenada implantación sobre el territorio, y que los suministros de biomasa deberán producirse a menos de 150 km del punto de consumo o, alternativamente, el consumo energético de su transporte deberá ser inferior al 20% de su valor energético.

Certificado de calificación energética

Según el proyecto de ley aprobado, antes del 1 de enero de 2025 todos los edificios de Navarra de uso residencial y terciario deberán tener el certificado de calificación energética registrado en el Registro público de certificados de Navarra. El Departamento competente destinará para ello una línea de ayudas para la realización de los certificados durante los años 2022, 2023 y 2024.

A su vez, el texto señala que el Gobierno de Navarra establecerá los medios para que a partir del 1 de enero de 2030 los edificios de vivienda colectiva de Navarra tengan la calificación energética clase C o superior, y que antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno foral aprobará un Plan de Rehabilitación de la Vivienda de Navarra.

Otras medidas destacadas hacen referencia a que las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, de agua potable y de gas, no podrán interrumpir los suministros a las personas o a las familias en situación de vulnerabilidad económica, en los términos que reglamentariamente se establezcan. De hecho, se establece que en dos años el Gobierno de Navarra elabore una estrategia de transición justa que realice un diagnóstico de los sectores económicos y sociales afectados por la transición energética y establezca medidas para paliar sus efectos negativos.

Por otro lado, dentro del apartado de Gobernanza, el proyecto de ley establece que en el plazo de un año el Gobierno de Navarra deberá iniciar los trámites para la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra. El Ejecutivo navarro se dotará de dos instrumentos de planificación: la Oficina de Cambio Climático de Navarra, como instrumento ejecutivo de las acciones necesarias, y el Fondo Climático, como instrumento de cofinanciación de los planes e iniciativas.

Por último, cabe destacar que el proyecto de ley navarro recoge también un régimen sancionador. El texto explicita una serie de sanciones, desde leves, hasta graves o muy graves, y que contemplan multas desde 600 euros hasta un millón.

 
 
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